La Fiscalía de Estado santafesina presentará en los próximos días la querella que le permitirá actuar junto al Ministerio Público Fiscal, solicitar medidas cautelares y recurrir fallos en la causa que conduce el juez federal Ernesto Kreplak. La decisión nace de una investigación propia del Ministerio de Salud provincial, que relevó 69 casos sospechosos —35 de ellos fallecidos— tras la alerta de la Anmat del 8 de mayo.
El Ejecutivo provincial sostiene que el fentanilo contaminado “afectó de forma directa al sistema sanitario” porque ingresó tanto en hospitales públicos como en efectores privados. Con la medida judicial, la gestión asegura que defenderá “el derecho a la salud” y exigirá responsabilidades a los laboratorios que distribuyeron los lotes comprometidos.
Desde mayo, Santa Fe retira de uso todos los productos de HLB Pharma, habilita compras de reemplazos terapéuticos y envía muestras al Iname y al Malbrán para confirmar la presencia de bacterias Ralstonia pickettii, Klebsiella pneumoniae MBL y Klebsiella variicola. Las áreas técnicas provinciales trazan un seguimiento caso por caso y notifican al Sistema Nacional de Vigilancia mientras mantienen a disposición pericias y expedientes clínicos.
Con su ingreso como querellante, la provincia —gobernada por el peronismo— apunta a robustecer la acusación contra directivos privados y subraya la necesidad de controles estatales estrictos en la cadena farmacéutica. “El Estado no puede mirar hacia otro lado cuando un medicamento se convierte en arma letal”, advierten fuentes oficiales, convencidas de que la justicia deberá determinar responsabilidades y reparar el daño a las familias afectadas.