22.07.2025 / MOTOSIERRA
El Gobierno pone en marcha la privatización de AySA: autorizó los cortes de servicio por falta de pago
La medida había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado viernes y este martes se oficializó a través del Boletín Oficial. Actualmente, la titularidad estatal en la empresa era del 90% y el DNU habilita a "enajenar total o parcialmente la participación accionaria".
El Gobierno nacional avanza en la privatización de AySA y publicó un nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio a través del DNU 493/2025. En el marco de la redefinición de las condiciones para la participación tanto estatal como privada en la empresa, también habilitó los cortes de suministro por parte de pago.
El Decreto de Necesidad y Urgencia fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto por la Ley 26.122.
De acuerdo con el texto, se modifica el artículo 2° del Decreto 304/2006, que establecía que el Estado poseía el 90% del capital de AySA, y ahora autoriza al Estado Nacional a "enajenar total o parcialmente su participación accionaria, conforme a las modalidades y procedimientos establecidos en las Leyes Nros. 23.696 y sus modificatorias y 27.742". Esto permite la venta de acciones y la entrada de capital privado en la empresa, en línea con la declaración de "sujeta a privatización" establecida por la Ley 27.742.
De esta manera, el nuevo marco regulatorio sustituye más de 100 artículos del régimen anterior y redefine los deberes y atribuciones de la concesionaria. Entre las principales novedades, se establece que la empresa podrá "cobrar las tarifas por el Servicio Público y las Actividades Complementarias Reguladas prestados bajo las modalidades que establezcan el presente Marco Regulatorio, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y el Contrato de Concesión".
Además, la empresa concesionaria tendrá las facultades para "efectuar el corte del servicio en caso de mora" y para "constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del Servicio Público".
El DNU fija "un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión".
A su vez, la nueva normativa deroga artículos clave del régimen anterior y redefine la relación entre la concesionaria, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Además, establece que el Ministerio de Economía será la nueva autoridad de aplicación y que los representantes estatales en el directorio de AySA deberán adecuar el estatuto social de la empresa a las nuevas disposiciones.
Entre las obligaciones de la concesionaria, el texto subraya la necesidad de "prestar el Servicio Público en las condiciones establecidas en este Marco Regulatorio, en los términos del Contrato de Concesión y en el Plan de Acción de la Concesionaria", así como la de "elaborar el Plan de Acción de la Concesionaria en los términos previstos en este Marco Regulatorio y en el Contrato de Concesión". El decreto también exige la publicación de información relevante para los usuarios y la atención permanente de reclamos.
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