Este martes, el Gobierno nacional presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, con la finalidad de que se mantenga vigente la suspensión de la sentencia de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar acciones de la compañía como parte de una condena que impone un reclamo por más de 16.000 millones de dólares.
A través de esta medida, el Ejecutivo intentará reforzar su voluntad de cumplir con el proceso judicial sin exponerse a sanciones. Por eso, en el documento se pedirá formalmente que la suspensión siga activa mientras se desarrolla la apelación. El riesgo de desacato, aunque no implique penas directas para un Estado soberano, sí podría tener efectos económicos y políticos, esde trabas en los mercados financieros hasta un golpe en la credibilidad ante organismos internacionales.
Incluso los beneficiarios del fallo, representados por el fondo Burford Capital, solicitaron una garantía financiera para avanzar con la apelación. Esa modificación en su postura le abrió una puerta a la estrategia argentina, que ya contaba con un respaldo inesperado, el del gobierno de Estados Unidos conducido por Donald Trump.
Washington intervino a través de un amicus curiae, un documento en el que desaconseja ejecutar la sentencia en este momento. Según el escrito, hacerlo sería violar principios de inmunidad soberana y comprometer el equilibrio del sistema legal internacional. Esa posición, si bien no es vinculante, podría influir en la decisión de los jueces que deben resolver si la pausa se mantiene o no.
En la presentación ante la Corte, Argentina pondrá el foco en el derecho a una apelación sin presiones, como cualquier otro actor del sistema judicial. A la vez, buscará dejar en claro que su intención no es evadir responsabilidades, sino evitar que se le imponga una condena irreversible antes de que se complete la instancia de revisión. Si la Corte no acepta el pedido, se reactivará la orden de Preska, y el país deberá entregar las acciones o enfrentar consecuencias.
Si el tribunal finalmente habilitara la ejecución del fallo, Argentina debería entregar una cantidad significativa de acciones de YPF, o su equivalente en efectivo, como parte de la sentencia. El monto reclamado por Burford Capital asciende a 16.100 millones de dólares, cifra que impactaría sobre las reservas y comprometería aún más la capacidad financiera del país.