El Departamento de Justicia estadounidense confirmó su respaldo a Argentina en el juicio contra YPF

Mientras Argentina busca frenar el cumplimiento de la sentencia que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó su apoyo a la postura argentina ante la jueza neoyorquina Loretta Preska. Se trata de un aval relevante que se añadae al que el mismo organismo había expresado en noviembre pasado, cuando defendió ante el tribunal la necesidad de postergar la ejecución de la sentencia.

La decisión del Departamento de Justicia marca una diferencia importante con su postura durante el anterior gobierno de Donald Trump. En 2019, ante una consulta de la Corte Suprema estadounidense, el mismo organismo se pronunció en contra de la inmunidad argentina, lo que favoreció entonces los argumentos de los fondos demandantes. Que hoy esa mirada se haya revertido refleja un cambio de criterio político e institucional que Argentina intenta capitalizar.

Pese a esta espalda legal, Preska desestimó el pedido del Estado argentino para suspender la orden del 30 de junio. En una dura resolución, la magistrada señaló que el país no cumplió con las condiciones impuestas para acceder a la suspensión previa. “La República continúa la demora y la elusión de sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”, escribió.

En su escrito, la jueza también cuestionó la falta de avances de Argentina para presentar una garantía mínima o solicitar una revisión acelerada del fallo, tal como se le había exigido. “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal”, sentenció. Aun con ese revés judicial, el respaldo del Departamento de Justicia representa un elemento central para la estrategia legal de Argentina y puede influir en los pasos siguientes del proceso.

Esta misma semana, la administración trumpista anunció que hará una presentación oficial ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en línea con el pedido argentino de suspender la ejecución inmediata del fallo. Sin embargo, el apoyo estadounidense no se extiende al fondo del caso ni a la sentencia que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones, sino que el foco del planteo está puesto en el mecanismo de ejecución mediante acciones, que, según Washington, vulneraría las normas de inmunidad soberana. 

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