Después de varias advertencias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 50% sobre todas las importaciones provenientes de Brasil, en una decisión que impacta directamente en la relación bilateral y se da en paralelo al juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2022.
La medida fue comunicada por la Casa Blanca a través de un documento en el que se advierte que las políticas del país sudamericano “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía” de Estados Unidos. Según cita el diario Folha de São Paulo, el Ejecutivo estadounidense sostuvo que se trata de una acción para “abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno brasileño”.
El comunicado agrega que los aranceles se aplicarán como respuesta a “los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de libertad de expresión de los estadounidenses”.
Trump ya había criticado en reiteradas oportunidades al gobierno de Lula por lo que considera “una caza de brujas” contra el expresidente Bolsonaro. Con esta decisión arancelaria y las sanciones aplicadas, el mandatario norteamericano profundiza su ofensiva política y comercial contra el actual gobierno brasileño.
Por su parte, desde Buenos Aires donde recibió la presidencia temporal del Mercosur, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con firmeza: “Cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida a la luz de la Ley de Reciprocidad Económica brasileña”. Además, defendió el proceso judicial contra Bolsonaro y marcó distancia de cualquier presión externa. “El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales”.
Al mismo tiempo, el republicano impuso un nuevo arancel, que comenzará a regir el 1 de agosto, a productos semiacabados de cobre y sus derivados de alta intensidad, pero dejará fuera a la chatarra, minerales, concentrados y cobre refinado. Trump había ordenado una investigación al respecto en febrero bajo la Sección 232, lo que derivó en esta decisión. Estados Unidos importó cobre por 17.000 millones de dólares en 2024, siendo Brasil uno de los proveedores clave del insumo.