La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York negó el pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que buscaba frenar el proceso judicial contra el Estado argentino por la estatización de YPF "porque la parte interesada-apelante no ha demostrado que se justifique la suspensión o la devolución”, sostuvo el documento que trascendió el miércoles. En esa línea, aseguró que el tratamiento del fallo tendrá lugar en la última semana de octubre.
La decisión reafirma la vigencia del veredicto dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park. Aunque el Estado apeló esa resolución, el proceso avanza con vistas a una posible confirmación definitiva en octubre, lo que tendría consecuencias financieras significativas para el país.
En medio de ese escenario, la ONG RA4ARG había solicitado intervenir como tercero interesado, pero tanto la Corte como el propio Gobierno argentino rechazaron ese planteo. En un escrito presentado recientemente, el Estado pidió que esa apelación se tramite por separado ya que, según argumentó, la discusión de fondo con Burford es distinta del reclamo de la ONG.
RA4ARG sostiene que su participación en el juicio es clave para exponer las presuntas irregularidades que, según su visión, "viciaron" el proceso desde sus inicios, respaldado en la hipótesis de que la reestatización de YPF se concretó sobre una base fraudulenta, lo que justificaría no solo su intervención como tercero interesado, sino también la revisión integral del caso.
El Gobierno argentino también aprovechó el escrito para respaldar una eventual investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el ingreso del Grupo Eskenazi a YPF. “La Argentina toma con seriedad todas las denuncias de corrupción”, afirmó, y se mostró “abierta a colaborar con una investigación” que pudiera afectar la validez misma de la sentencia de Preska, si se comprobara que hubo ocultamiento de pruebas o testimonios falsos.
El ingreso del Grupo Eskenazi durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner ya es objeto de debate judicial en Argentina, particularmente en causas como la de "Vialidad", donde fue condenada la expresidenta, aunque sin evidencia oficial.