La expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner impugnó la resolución del Tribunal Oral Federal Nº 2 que habilitó la ejecución de veinte bienes para cumplir con el decomiso dispuesto en la causa Vialidad por un monto de $684.990.350.139,86, una medida que también alcanzaría activos a nombre de sus hijos.
El tribunal había ordenado iniciar el desapoderamiento el 18 de noviembre, al disponer que los activos de los nueve condenados pasen bajo administración de la Corte Suprema como parte del camino para hacer efectivo el decomiso, una medida que la defensa considera irregular y que busca suspender.
En su presentación, la líder del peronismo definió el fallo como una “nueva expresión del derecho creativo”, al sostener que ese criterio “fue utilizado para perseguirla” y que ahora se proyecta sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, cuyos patrimonios, según remarcaron sus abogados, ya fueron considerados de "origen lícito" en causas anteriores.
Los representantes legales de los hijos de la exmandataria advirtieron que la ejecución de los 19 bienes cedidos por su madre implicaría un desapoderamiento “definitivo” de activos que califican como legítimos y ajenos al delito investigado, por lo que solicitaron frenar tasaciones, inscripciones registrales y cualquier acto preparatorio.
Además, la defensa reprochó que el TOF 2 avance contra criterios que el propio tribunal había sostenido recientemente, al remarcar que ninguno de los bienes involucrados puede ser considerado instrumento, provecho o producto del delito juzgado, un punto que buscan llevar a revisión.
En paralelo, Máximo y Florencia Kirchner insistieron en que la decisión pone en riesgo propiedades a su nombre, recibidas legalmente por parte de sus padres y cuya administración pasaría a manos de la Corte Suprema.