Causa $Libra: la comisión investigadora de Diputados puede convocar funcionarios por la fuerza pública

La comisión investigadora de $LIBRA aprobó una serie de citaciones a funcionarios de Javier Milei, incluida su hermana, y también habilitó la posibilidad de utilizar la fuerza pública para garantizar su asistencia. También se señaló a José Luis Espert como posible participante de la estafa.

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA celebró su primera reunión bajo la presidencia de Maximiliano Ferraro y logró aprobar por mayoría el reglamento interno de funcionamiento. La oposición, con 14 votos a favor, estableció las reglas que permitirán citar a funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo a Karina Milei, secretaria general de Presidencia. Durante la sesión, el diputado Rodolfo Tailhade incorporó una nueva línea de investigación al señalar al legislador de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por su presunta vinculación con el caso. Tailhade cuestionó el supuesto hackeo de la cuenta de X de Espert en marzo pasado y solicitó investigar su participación en una reunión clave en Casa Rosada.

EL REGLAMENTO APROBADO

Los 14 diputados opositores impusieron su voluntad en la votación del reglamento, mientras que dos legisladores se abstuvieron (Mariano Campero y Yolanda Vega) y el resto (La Libertad Avanza y sus aliados habituales) optó por no emitir voto. Los representantes del oficialismo se retiraron de la reunión tras la aprobación como muestra de rechazo.

El reglamento contempla 15 artículos distribuidos en dos carillas y otorga facultades extraordinarias a la comisión. Entre las medidas más relevantes se encuentra la posibilidad de “solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia” de funcionarios debidamente citados. Esta disposición significa que los funcionarios que se rehúsen a presentarse podrán ser llevados al Congreso por personal del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. La medida adquiere relevancia particular considerando que entre las citaciones figura la de Karina Milei y que hasta ahora la mayoría de los funcionarios vienen ignorando los llamados del Congreso.

El artículo 8°, titulado “De las medidas de fuerza”, establece que la comisión podrá “requerir al juez competente la realización de allanamientos o secuestros de documentación, fundando dichos requerimientos en la existencia de elementos de prueba vinculados directa y concretamente con el fin de la investigación”. La legisladora Sabrina Selva de Unión por la Patria defendió el reglamento argumentando que “contempla garantías constitucionales y no se arroga facultades de otro poder“. Señaló que permitirá “acudir a la Justicia” para garantizar la comparecencia de funcionarios que recurran “al silencio y la obstrucción”.

Por el contrario, la diputada Silvana Giudici (PRO) aseguró que el reglamento “excede las atribuciones de la resolución que creó la comisión” y consideró que no existe facultad para que el Congreso ejerza atribuciones “por encima de la garantía del juez natural”.

CITACIONES Y PEDIDOS DE INFORME

La oposición también aprobó una extensa lista de citaciones que incluye figuras clave del gobierno y empresarios vinculados al caso. Entre los convocados se encuentran el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el jefe del Consejo de Asesores Demian Reidel. También fueron citados Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la causa $LIBRA; el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik; y María Florencia Zicavo, designada por el gobierno para investigar el caso.

La lista se completó con Roberto Silva de la Comisión Nacional de Valores, Paul Starc de la Unidad de Información Financiera, y empresarios como Charles Hoskinson y Diógenes Casares. También se convocó al director de Traducciones de Presidencia Walter Kerr y a Ariel Parkinson, vinculado al universo de las criptomonedas.

Aunque el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) propuso citar directamente al presidente Javier Milei, la mayoría decidió enviarle un cuestionario con nueve preguntas que deberá responder por escrito en un plazo de cinco días. Las inquietudes abarcan desde el origen del token $LIBRA hasta los términos de sus reuniones con Hayden Davis y Mauricio Novelli. Oscar Agost Carreño propuso rastrear 109 transferencias relevantes en las que están involucrados Davis, su empresa Adventure, Novelli y Terrones Godoy. Para ello, solicitó oficiar a múltiples exchanges y billeteras digitales.

La lista incluye OKX, Kucoin, Binance, Crypto.com, Coinbase, Lemon y otras plataformas para obtener información sobre montos, activos digitales involucrados, identificación de wallets de origen y destino, y datos de usuarios. Mónica Frade (Coalición Cívica) propuso crear una subcomisión especial de cinco diputados para preservar el acceso a información que pudiera estar bajo secreto de sumario en el juzgado de la jueza María Servini.

Por su parte, Juan Marino (Unión por la Patria) presentó múltiples pedidos de informes sobre ingresos y reuniones en Casa Rosada y Olivos, documentación de encuentros con los hermanos Milei, y información técnica sobre las publicaciones presidenciales en redes sociales.