La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, denegó la responsabilidad del Estado argentino en relación con la criptomoneda $LIBRA. A contramano, advirtió que
"las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o Hayden Davis”, señaló la magistrada, que enfatizó en la ausencia de evidencias de propiedad estatal sobre los activos.
Cuatro fondos acreedores, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, intentaban obtener documentación y testimonios en EE. UU. para reforzar reclamos vinculados al default argentino de 2001. Según la resolución, las pruebas presentadas, entre artículos, posteos en redes y un supuesto acuerdo preliminar, no eran suficientes para probar que los activos pertenecieran a la República Argentina.
En 2023, esos mismos fondos habían obtenido un fallo favorable en Reino Unido, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Tras constatar el incumplimiento estatal, los acreedores buscaron activos a nivel global, enfocándose en $LIBRA, que según los documentos habría generado pérdidas por 251 millones de dólares.
Rochon también rechazó pedidos excesivos de información, como registros completos de la plataforma Meteora y citaciones a al menos trece personas, entre influencers, ingenieros y empresarios. La jueza subrayó que, aunque existieran vínculos financieros entre la criptomoneda y el entorno de Milei, “la investigación debía hacerse en la Justicia argentina o inglesa, no en tribunales estadounidenses”.
Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) coincidió con la postura de la Casa Rosada al señalar que la promoción de $LIBRA por parte de Milei fue actividad personal, dejando a los posibles beneficiarios como Milei o personas cercanas y no al Estado. El fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de líderes políticos en proyectos privados y cómo los tribunales internacionales abordan los límites entre actividad personal e institucional.