La comisión investigadora de la causa $LIBRA, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, presentó el informe final que compromete a Javier y Karina Milei al exponer posibles “pagos indirectos a funcionarios públicos” ante el fiscal Eduardo Taiano, mediante la entrega de documentación relevante. Además, señalan que este último habría restringido el acceso a evidencias y demorado actuaciones clave durante la pesquisa parlamentaria.
El dictamen, elaborado tras nueve meses de trabajo, reconstruye el circuito de más de US$120 millones asociados a la criptomoneda que el propio Presidente promocionó y que luego quedó envuelta en denuncias de estafa.
Tanto Taiano como el juez Marcelo Martínez de Giorgi fueron señalados por decisiones que “entorpecieron” la investigación y dificultaron la obtención de pruebas relevantes. Entre las irregularidades señaladas, el informe describe pedidos de documentación rechazados, demoras en la remisión de pericias y resoluciones que bloquearon el acceso a exchanges y movimientos de billeteras virtuales.
En esa línea, el documento detalla la negativa del oficialismo a colaborar, con funcionarios como Karina Milei, Alejandro Melik y Florencia Zicavo ausentándose o evitando notificaciones formales, pese a estar citados.
Los legisladores pusieron especial atención en los empresarios vinculados al proyecto, cuyas transacciones aparecen relacionadas con la operatoria investigada. “Identificamos la titularidad de billeteras y trazamos transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales y otros”, señala la nota que Ferraro y un grupo de diputados entregaron a Taiano, donde advierten sobre movimientos que podrían corresponderse con pagos indebidos.
El informe también dedica un capítulo al rol del Ejecutivo, al que atribuye responsabilidades políticas en el lanzamiento y caída de $LIBRA. Allí se enumeran interpelaciones realizadas a Guillermo Francos, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, de las cuales solo el entonces jefe de Gabinete respondió, negando vínculos entre el Estado y el proyecto. Si bien, el dictamen no produce efectos inmediatos, quedará como soporte institucional para futuras acciones, incluidas posibles presentaciones ante la Corte.
Pese a su extensión, el documento deja abiertos puntos que podrían derivar en nuevas causas: el recorrido completo de los fondos, el accionar de intermediarios financieros y las señales desatendidas por organismos de control, vacíos que refuerzan la necesidad de profundizar la investigación judicial.