El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno nacional envió al Congreso prevé un incremento real en los recursos destinados a la educación, pero su participación dentro del Producto Bruto Interno (PBI) seguirá en los niveles más bajos de las últimas décadas. Según el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, el gasto educativo se ubicará en torno al 0,73% del PBI, por debajo del 0,82% estimado para 2025 y muy lejos del 1,59% alcanzado en 2015.
El estudio, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, señala que si bien habrá una recomposición del gasto, los niveles siguen siendo “muy bajos”. En comparación con 2023 —último año de la gestión del Frente de Todos— el presupuesto de la Secretaría de Educación muestra una caída real del 44%. El gasto nacional en educación y cultura crecería entre 4,4% y 8% en términos reales, según las proyecciones inflacionarias, pero aún no recupera lo perdido por el ajuste de los últimos dos años.
De acuerdo a Chequeado, el proyecto oficial también propone eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 obliga al Estado a destinar al menos el 6% del PBI al sistema educativo. Esa meta sólo se cumplió en 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Para algunos especialistas, la derogación implica “sincerar” un incumplimiento persistente; para otros, supone “desarmar un consenso” sobre la prioridad de la educación en la agenda pública.
Dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación, la educación universitaria concentra el 77% de los recursos, seguida por el Plan Nacional de Alfabetización, que recibe el 9,2%, y las becas estudiantiles, con el 5,8%. Según el economista Jorge Lo Cascio, el foco del plan de alfabetización en la extensión de la jornada escolar “sin atender la capacitación docente” y la fuerte caída en infraestructura y equipamiento —63% en términos nominales— “profundizan las desigualdades educativas y limitan la alfabetización digital de amplios sectores”.
Cabe señalar que la tendencia de los últimos años confirma así un retroceso estructural: desde 2018, la inversión educativa cayó de manera sostenida, con breves recuperaciones entre 2021 y 2023. El 2026 podría marcar un leve repunte, pero todavía en un escenario de mínimos históricos para la educación pública argentina.