El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desreguló 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con el argumento de “simplificar procesos productivos” y reducir la injerencia estatal en la actividad. La medida redefine las funciones del organismo y deja en manos privadas varios controles que antes eran obligatorios.
Sin haber pasado por el Congreso, la decisión se formalizó mediante la Resolución 37/2025, firmada por el titular del INV, Carlos Tizio, y publicada en el Boletín Oficial. El Gobierno sostiene que con esta reforma “se deja atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo”, para concentrarse únicamente en los controles de los vinos embotellados, garantizando su aptitud para el consumo.
El nuevo esquema desactiva la supervisión estatal en las etapas iniciales e intermedias del proceso vitivinícola, desde la cosecha hasta el transporte, y traslada la fiscalización de la trazabilidad, origen, añada y varietal al plano optativo. Es decir, las bodegas podrán gestionarlas de manera privada, sin intervención del INV, según sus necesidades comerciales.
La resolución alcanza a productores de uvas, bodegas, plantas de fraccionamiento, comercializadores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos. En todos los casos, la autoridad de control se limitará a tomar muestras de los productos finales embotellados y enviarlas a analizar.
Sturzenegger justificó la medida asegurando que, “para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas".
“Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, afirmó el ministro, quien celebró que los inspectores “ya no andarán interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar”.