El Gobierno nacional avanza con una reforma laboral redactada por el abogado laboralista Julián de Diego, quien mantiene vínculos profesionales con Rappi, una de las principales plataformas de reparto del país. El jurista trabaja junto al funcionario Julio Cordero en el diseño del proyecto que el oficialismo planea enviar al Congreso, en medio de tensiones internas entre Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.
Según trascendió, el texto no incluirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo considerados “independientes”. Al no reconocer la relación de dependencia, las empresas no estarán obligadas a otorgar derechos sindicales, cobertura social ni beneficios laborales básicos. “No hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores”, explicó una fuente cercana a la elaboración del proyecto.
De Diego, que asesora a compañías como Rappi y fue autor de la cuestionada ley de ART, arrastra antecedentes polémicos en materia laboral. En los años noventa impulsó la norma que limitaba las indemnizaciones por accidentes de trabajo, declarada luego inconstitucional por la Corte Suprema. También colaboró con firmas de empleo eventual como Adecco y Manpower, cuestionadas por promover la tercerización de personal.
El doble rol del abogado genera inquietud entre especialistas y dirigentes sindicales, que advierten un posible conflicto de intereses. Mientras la Organización Internacional del Trabajo avanza en un convenio sobre derechos para trabajadores de plataformas, el Gobierno argentino opta por mantener la desregulación del sector. La decisión podría derivar en futuros conflictos con los organismos internacionales y dejar a miles de repartidores sin protección laboral.