19.11.2025 / CONTRA CRISTINA

Causa Vialidad: la Justicia ordenó el decomiso de todos los bienes de Cristina y Lázaro Báez

La Justifica federal decidió decomisar más de 120 propiedades vinculadas a la expresidenta y al empresario, valuadas en casi $685 mil millones, al detectar que fueron adquiridas entre 2003 y 2015, período en el que habrían ocurrido las maniobras por las que ambos fueron condenados.





El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó avanzar con el decomiso total de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, al resolver que esas propiedades constituyen el producto de las irregularidades en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso remarcaron que la medida busca impedir que el delito comprobado “rinda beneficios”, según expresaron en el fallo.

La resolución abarca 122 inmuebles, entre hoteles, empresas, terrenos y departamentos, identificados por el Ministerio Público Fiscal y considerados parte del circuito patrimonial generado por la cartelización y los sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz. Entre ellos figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, así como un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.

El monto del decomiso, originalmente fijado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones siguiendo criterios avalados por la Corte Suprema. Debido al incumplimiento de los condenados, el tribunal dispuso ejecutar la medida mediante la realización y venta de la totalidad de los activos identificados.

La sentencia destacó que el crecimiento patrimonial de Báez fue “desmesurado” y se sostuvo en beneficios indebidos otorgados desde el Estado. Los jueces desestimaron los planteos de las defensas sobre la supuesta afectación a terceros o la ausencia de nexo causal entre los bienes y el delito. 

Tras la decisión, los bienes quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, que evaluará si los destina a dependencias judiciales, especialmente en la Patagonia, o si ordena su subasta. El máximo tribunal actuará a través de su Dirección de Gestión Interna e Infraestructura.

En las semanas previas, el fiscal Diego Luciani había anticipado que estaba “peleando” para que el decomiso se ejecutara sin más demoras. En esa línea, los magistrados sostuvieron que el mismo se ajusta a los principios de la ONU, que considera la recuperación de activos como un principio esencial frente a esquemas de corrupción estructural.