Consejeros de la Magistratura de la Nación vinculados al peronismo presentaron un informe que cuestiona las condiciones de detención domiciliaria impuestas a
Cristina Fernández de Kirchner por considerar que la expresidenta enfrenta
restricciones más severas que las aplicadas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y otros delitos federales de gravedad. La exposición se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA y se basó en información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.
Según los datos difundidos, una parte significativa de los condenados por delitos de lesa humanidad cumple arresto domiciliario sin tobillera electrónica y con un régimen de visitas sin limitaciones. En contraste, los expositores señalaron que la exmandataria es la única persona detenida por delitos vinculados a la función pública que tiene restricciones específicas para recibir visitas y controles sobre sus desplazamientos dentro de su propio domicilio.
La consejera
Vanesa Siley sostuvo que el relevamiento permitió identificar un tratamiento diferencial que no encuentra antecedentes comparables en otros casos. De acuerdo con los datos presentados, incluso al excluir delitos considerados especialmente graves, como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, las condiciones impuestas a Fernández de Kirchner continúan apareciendo como una excepción dentro del universo analizado.
Durante la actividad también se escucharon fuertes críticas al Poder Judicial. El diputado y consejero
Rodolfo Tailhade sostuvo que las restricciones impuestas a la expresidenta forman parte de una estrategia de persecución política. "Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas", sentenció.
En la misma línea, el senador
Mariano Recalde aseguró que la conductora del peronismo es víctima de una persecución con fines políticos: "Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política e impedir la reorganización del pueblo", advirtió.
El consejero César Grau también trazó paralelismos entre la situación de Fernández de Kirchner y la de otros líderes populares perseguidos a lo largo de la historia argentina, al advertir sobre la utilización de herramientas judiciales para condicionar proyectos políticos y favorecer intereses económicos concentrados.
"La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina", agregó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti al momento del cierre.