La Cámara de Diputados abrirá este miércoles una jornada de intensa actividad legislativa con dos plenarios de comisiones destinados a avanzar sobre iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno, que buscará reunir consensos para regular y dar publicidad a la actividad de lobby ante funcionarios y legisladores y para la ampliación de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros orientado a captar grandes inversiones en industrias tecnológicas, energéticas y mineras a través del llamado Súper RIGI.
La primera convocatoria será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General comiencen a debatir el proyecto de
ley de lobby enviado por el Poder Ejecutivo. La propuesta contempla la creación de un registro público obligatorio para quienes gestionen intereses ante funcionarios y legisladores, además de establecer mecanismos de publicidad para las reuniones y contactos mantenidos con representantes de empresas, organizaciones o intermediarios.
Entre otros puntos, la iniciativa obliga a informar quién promueve cada gestión, a quién representa y cuáles son los temas abordados en cada encuentro. También prevé sanciones económicas e inhabilitaciones para quienes incumplan las normas, mientras que incorpora penas de prisión para los casos de representación clandestina de intereses extranjeros. En el oficialismo consideran que existen condiciones para avanzar debido a coincidencias con sectores de la oposición sobre la necesidad de transparentar una actividad históricamente poco regulada.
Una hora más tarde comenzará el tratamiento del denominado
Súper RIGI, un régimen pensado para atraer desembolsos de gran escala en áreas que quedaron fuera del esquema aprobado con la Ley Bases. Para defender la propuesta asistirán funcionarios del Ministerio de Economía, quienes expondrán los alcances de un programa que apunta a sectores como litio, uranio, hidrógeno verde, inteligencia artificial, semiconductores, energía nuclear y fabricación de baterías, entre otros desarrollos considerados estratégicos.
El proyecto fija un piso de inversión de 1.000 millones de dólares y ofrece un paquete de beneficios que incluye estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante tres décadas, reducción de la carga tributaria, exenciones para importaciones y exportaciones, y una liberación gradual de divisas que culmina con la disponibilidad total de los dólares generados por exportaciones. Con antecedentes favorables para este tipo de iniciativas en el Congreso, el oficialismo apuesta a que ambos debates avancen sin mayores sobresaltos en comisión.