09.06.2026 / NUEVO ESQUEMA
Semillas: el Gobierno habilita un mayor control privado y reduce la participación del INTA
Una nueva resolución amplía las herramientas de fiscalización sobre variedades protegidas, otorga un rol central a entidades privadas y llega en medio de la reestructuración de organismos públicos vinculados a la investigación agropecuaria.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema para controlar el uso de semillas protegidas, una iniciativa que fortalece la intervención de actores privados en la verificación de variedades registradas mientras el Estado reduce capacidades en áreas estratégicas de investigación y desarrollo agropecuario.
La medida quedó formalizada a través de una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura y el INASE, que habilita la toma de muestras en el primer punto de entrega de la cosecha para determinar, mediante análisis genéticos, si los granos comercializados provienen de materiales protegidos utilizados sin autorización.
Uno de los cambios más relevantes es que los estudios ya no quedarán exclusivamente bajo la órbita estatal. La normativa establece que las cámaras arbitrales y las entidades privadas habilitadas por el INASE podrán adquirir y analizar las muestras, emitir certificados y remitir los resultados tanto a los titulares de las variedades como a los productores involucrados.
Según argumentó el Gobierno, el avance de las tecnologías de identificación genética permite verificar la identidad varietal en plazos más breves y aportar mayor respaldo probatorio ante eventuales infracciones a la legislación vigente. Además, Adorni sostuvo que el nuevo esquema podría traducirse en un incremento de las exportaciones superior a los 4.000 millones de dólares anuales.
La iniciativa responde a una demanda histórica de las compañías semilleras y desarrolladoras de eventos biotecnológicos, que reclaman mecanismos más eficaces para proteger la propiedad intelectual y garantizar el cobro de regalías sobre las innovaciones incorporadas a los cultivos.
Los cambios se producen en paralelo a la reestructuración de organismos públicos vinculados a la ciencia y la tecnología agropecuaria, entre ellos el INTA. Aunque la resolución no modifica la Ley de Semillas, amplía la capacidad de detección y denuncia de usos considerados irregulares y traslada parte de la fiscalización desde la semilla hacia el grano ya comercializado, un punto que vuelve a poner en discusión el equilibrio entre innovación, propiedad intelectual y uso productivo.
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