La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) reclamaron al Senado que no avance con los aspectos más controvertidos del proyecto de
"Inviolabilidad de la Propiedad Privada" promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al sostener que la iniciativa "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse", en referencia a los cambios propuestos a la Ley de Tierras. La advertencia fue difundida mediante una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en plena discusión parlamentaria de la propuesta.
El documento pone el foco especialmente en la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Las organizaciones eclesiales cuestionaron la eliminación de los límites que actualmente rigen para la compra de tierras por parte de extranjeros y alertaron sobre la posibilidad de que personas o empresas accedan sin restricciones a zonas vinculadas a reservas de agua y otros recursos naturales. "Cuidar la tierra es cuidar la vida (...) para las las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro", alegaron.
En esa línea, la Iglesia puso el acento en la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, a la que consideró "alarmante". Según remarcaron, la iniciativa reduce significativamente las restricciones que hoy existen sobre los terrenos afectados por incendios y limita las protecciones vigentes únicamente a los bosques nativos. Así, se podría facilitar cambios de uso del suelo en otros ecosistemas y abrir la puerta a procesos de especulación sobre territorios afectados por incendios.
Además, las organizaciones cuestionaron el enfoque general del proyecto al considerar que "debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros". En la carta sostuvieron además que la tierra no puede ser entendida exclusivamente como un activo económico, ya que para numerosas comunidades rurales, campesinas e indígenas constituye un elemento central de su identidad, su historia y sus posibilidades de desarrollo.
Para fundamentar su postura, los referentes eclesiales recurrieron a distintas citas papales. En particular, recordaron un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, donde se afirma que "los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones".
También recuperaron una definición de Juan Pablo II: "No es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos".
La carta, que llegó al Congreso mientras el oficialismo enfrenta dificultades para reunir apoyos en el Senado, también expresó reparos sobre otros aspectos de la reforma, entre ellos los cambios vinculados a desalojos y a la integración socio-urbana de barrios populares. "Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad", concluyeron.