El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un tributo destinado a gravar determinadas operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales de la Argentina. Según la iniciativa, la alícuota general sería del 3% y aumentaría al 5% cuando los fondos tengan como destino jurisdicciones de baja o nula tributación.
El proyecto estima un potencial mínimo de recaudación de $2,89 billones y propone distribuir esos recursos mediante asignaciones específicas. El 60% se dirigiría a provincias y municipios, mientras que el 40% restante se repartiría en partes iguales entre salud y discapacidad; educación; jubilaciones y pensiones; y medicamentos y atención médica del PAMI.
Qué operaciones alcanzaría el nuevo impuesto
De acuerdo con el texto impulsado por Kirchner, el ITIC tendría por objeto gravar operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales del país, ya sea mediante divisas, valores negociables o activos virtuales y realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados.
La propuesta establece una alícuota del 3% sobre las transferencias alcanzadas y un adicional de 2 puntos porcentuales cuando el destino sea una jurisdicción considerada de baja o nula tributación.
Entre los sujetos alcanzados se incluyen personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras análogas, tanto residentes como no residentes, además de los responsables sustitutos previstos para garantizar la percepción del tributo.
El proyecto plantea concentrar el impuesto en la salida de capitales y excluir una serie de operaciones vinculadas al consumo, el ahorro local y la actividad productiva. De acuerdo con la iniciativa, no quedarían alcanzadas la tenencia de dólares que permanezcan en el país, las compras minoristas en el exterior ni las importaciones genuinas, documentadas y trazables.
Tampoco quedarían gravadas por el ITIC las compras de dólares, bonos, CEDEARs o fondos cuando esos activos permanezcan en la Argentina.
Cómo se repartirían los $2,89 billones que podría recaudar
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que la totalidad de la recaudación tendría destinos específicos. El esquema propuesto es:
- 60% para provincias y municipios, destinado a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda, además de recomposición salarial en salud y educación.
- 10% para salud y discapacidad.
- 10% para educación.
- 10% para jubilaciones y pensiones.
- 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.
Según las estimaciones incluidas en la presentación del proyecto, la recaudación mínima potencial rondaría los $2,89 billones. Sus impulsores sostienen que esa cifra equivale aproximadamente a diez veces los recursos enviados a las provincias durante 2025 en concepto de transferencias de capital.
El recorte de transferencias a las provincias
La propuesta fue presentada en un escenario marcado por la discusión entre el Gobierno nacional y las provincias por el reparto de los recursos federales.
Según los datos consignados en los fundamentos del proyecto, entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a provincias y municipios se redujeron 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas registraron una caída acumulada del 72,8%.
La reducción de las transferencias no automáticas durante los primeros años de la gestión de Javier Milei también fue registrada por distintos relevamientos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publica periódicamente la evolución de los fondos enviados por la Nación a gobiernos provinciales y municipales, discriminando las transferencias automáticas y no automáticas y aquellas destinadas a gastos corrientes y de capital.
En ese marco, el proyecto busca que una parte sustancial de la eventual recaudación del ITIC se convierta en una nueva fuente de recursos para los gobiernos subnacionales, con destinos previamente establecidos.
Qué argumenta el proyecto de Máximo Kirchner
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que las transferencias de capital al exterior que no se traducen en inversión, empleo o valor agregado dentro del país reducen la capacidad de financiamiento de la economía argentina.
"Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana", señala el proyecto.
A partir de ese diagnóstico, sus autores presentan el ITIC como un "mecanismo compensatorio" ante determinadas salidas de capitales y sostienen que el tributo no apunta a gravar el patrimonio ni el consumo, sino específicamente la transferencia de recursos hacia el exterior.
La propuesta toma como referencia antecedentes internacionales, entre ellos el Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de Brasil, aunque el esquema brasileño alcanza distintas clases de operaciones financieras y no es idéntico al impuesto planteado para la Argentina.
El proyecto también recupera como antecedente local el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE), aprobado por el Congreso en 2020, aunque el diseño tributario es diferente: mientras aquel gravó patrimonios por encima de un determinado umbral, el ITIC estaría asociado a operaciones de transferencia de capitales al exterior.
Un proyecto que deberá pasar por el Congreso
La iniciativa deberá iniciar ahora su recorrido parlamentario y ser tratada por las comisiones correspondientes antes de una eventual llegada al recinto de la Cámara de Diputados.
El debate se dará en medio de las diferencias entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de recursos y de la discusión más amplia sobre la política tributaria. El proyecto de Kirchner propone intervenir en ambos frentes: crear un nuevo gravamen sobre determinadas salidas de capital y asignar el producido principalmente a las jurisdicciones provinciales y municipales y a partidas sociales.