28.07.2015 / Debate
Polémica por el proyecto de prohibición de la oferta sexual
El proyecto, presentado por Andrés “Cuervo” Larroque, prohíbe la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual en todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Quienes se oponen consideran que criminaliza el trabajo sexual.
Un proyecto de ley del diputado Andrés Larroque busca prohibir definitivamente la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual en todos los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Además, el proyecto impone multas de hasta 3 millones de pesos a quien difunda “avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual”.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 en la cámara baja, con 123 votos a favor y 54 en contra y podría tratarse en la próxima reunión de comisión en el Senado. En aquel momento, Larroque explicó que la norma “busca la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres mediante la regulación de la difusión de mensajes destinados al comercio sexual” y señaló que la propuesta “se enmarca en las modificaciones a la Ley de Trata de Personas” sancionadas en el año 2012.
En nuestro país, los avisos de oferta sexual en diarios y revistas ya están prohibidos por decreto desde julio de 2011, cuando la Presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto 936 que prohíbe la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual y puso fin al famoso “rubro 59”. El proyecto de Larroque amplía la prohibición a todos los medios de comunicación, incluyendo a las redes sociales, y a “todos aquellos avisos cuyo texto resulte engañoso”, es decir, a aquellos avisos que “haciendo referencia a actividades lícitas, tengan por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas”.
La iniciativa establece crear un fondo especial “destinado a la prevención, concientización y sensibilización en torno de los delitos de explotación sexual y trata de personas, así como de las diferentes formas de violencia contra las mujeres” con el dinero recaudado por las sanciones.
Pero el proyecto despertó críticas de distintos sectores. El periodista y activista LGTB, Bruno Bimbi, repudió el proyecto de Larroque y señaló que “con la excusa de combatir la trata de personas y la explotación sexual, la iniciativa no hace más que fortalecerlas, ya que al restringir el trabajo autónomo de prostitutas y taxi boys, los empuja a la calle y a los prostíbulos que, por falta de una regulación legal, funcionan en la clandestinidad, pagando coimas a intendentes y policías”.
En su blog, el periodista asegura que el proyecto criminaliza el trabajo sexual al confundir “explotación sexual y trata de personas” con trabajo sexual autónomo. “Hay un trasfondo moralista en la discusión que, paradójicamente, une a parte de la izquierda con lo más reaccionario de la derecha religiosa: para unos, el trabajo sexual es visto como algo inmoral, pecaminoso, obsceno, diabólico; para otros, como una forma de “mercantilización del cuerpo” que debe erradicarse, aun contra la propia voluntad de los sujetos a los que se pretende tutelar, negándoles su autodeterminación. Como si el obrero que trabaja en una fábrica no tuviera también su cuerpo “mercantilizado” al vender su fuerza de trabajo”, analizó Bimbi.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), sindicato nucleado en la CTA, solicitó a los candidatos presidenciales que se pronuncien respecto a esta iniciativa que, entre otras medidas, prohíbe los avisos de oferta sexual en Internet. Georgina Orellano, titular de AMMAR, aseguró que los sitios web les permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma segura y autónoma. “El papel que cumplen las páginas web es que permiten a las compañeras tener más clientes e incrementar sus ingresos. El cliente no se comunica con la página, sino con la trabajadora sexual”, señaló Orellano en declaraciones a TN y aclaró que “para poner un aviso, tienen que ir a las oficinas, llevar su DNI y firmar una declaración jurada donde dicen que están ofreciendo su servicio por propia voluntad”.
“El proyecto de Larroque nos criminaliza y genera más precarización laboral. Todavía hay 19 provincias que tienen códigos contravencionales que prohíben la oferta sexual en la vía pública y le dan poder a la policía para practicar detenciones arbitrarias. Esto es un retroceso en la lucha contra la trata de personas y también va en contra de las libertades individuales”, aseguró Orellano.
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