04.09.2015 / Denuncia
Espionaje ilegal contra activistas en Chubut
El defensor público de la ciudad de Esquel, Fernando Radziwilowski, descubrió un informe sobre activistas recopilado por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche. El CELS denunció la "criminalización de los activistas".
El defensor público de la ciudad de Esquel, Fernando Radziwilowski, descubrió un archivo digitalizado con fotos, nombres y actividades de un grupo de vecinos de esa ciudad. La información fue recopilada por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche.
La mayoría de los vecinos espiados son activistas que integran la Asamblea No a la Mina de Esquel, que lucha por frenar los proyectos mineros en la Patagonia argentina.
Según informó el periódico La Vaca, el propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido la información por parte de un agente de inteligencia. “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”, aseguró el fiscal Fernando Rivarola.
El caso explotó en el marco de una causa por usurpación que la empresa multinacional Benetton inició contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras. Radziwilowski, que defiende a esa comunidad, dio a conocer el hecho y expresó su preocupación por el “tono persecutorio” de los informes encontrados en el expediente.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sacó un comunicado en el que señala que “en lugar de abordar el conflicto de fondo, la disputa entre la comunidad mapuche y la empresa Benetton por la posesión de las tierras, la estrategia fue criminalizar a los activistas”.
“Así lo demuestran el procesamiento de los voceros de la comunidad, la represión policial y el intento del Poder Judicial provincial de aplicar la ley antiterrorista a los mapuches que fue desestimado por la justicia federal”, explica el comunicado, que también detalla que “la recolección y acopio de este tipo de información está prohibida por la ley de Inteligencia Nacional”.
“La justicia federal debe investigar en profundidad y determinar quiénes confeccionaron estas fichas de inteligencia y quiénes solicitaron, supervisaron y/o usufructuaron esta información producida de manera ilegal”, concluye.
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