07.09.2015 / Derechos Humanos
Represores detenidos denuncian malas condiciones y maltratos
Según un informe publicado en el diario La Nación no se cumple con el principio de igualdad ante la ley de los condenados y se les aplica "un derecho de segunda".
Con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad se condenaron a 644 militares y 294 cumplen su pena en prisiones comunes. Además, hay 1095 procesados y 320 de ellos esperan una sentencia en establecimientos penitenciarios sin ningún tipo de beneficio. Sin embargo, denuncian malos tratos e inclumplimiento del principio de igualdad ante la ley.
Según una investigación realizada por el diario La Nación los militares privados de su libertad no ven respetadas sus garantías constitucionales y muchos no tienen salidas transitorias ni tienen derecho a estudiar carreras universitarias. Los datos son relevados por la Unión de Promociones, que tiene como objetivo "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa". Asimismo, cuestionan la edad avanzada de los detenidos y que las visitas son fragmentadas.
Además, el medio entrevistó a Guillermo Viola, coronel retirado, quien consideró que los detenidos son presos políticos y que hay "una grosera venganza ideológica". En esa misma línea se pronunció Ricardo Saint Jean, hijo del ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean, quien sostuvo que "la deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder".
También, expresó que "a este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda" y "los expedientes de las causas de derechos humanos llevan un sello rojo para identificarlos y mostrar que deben tener un tratamiento distinto". Sain Jean insistió en que "sólo a este grupo no se le aplican los principios de legalidad y de inocencia, el criterio de la ley más benigna ni la irretroactividad de la ley penal".
Por último, cuestionó la doctrina aplicada por la Corte Suprema que impre la prescripción de los Crímenes de Guerra y delitos de Lesa Humanidad, y argumentó que ese principio no regía cuando se produjeron los hechos
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