Desde hace 25 años, cada 28 de septiembre se celebra el Día por el Derecho al Aborto en América Latina y Caribe. En nuestro país, se calcula que 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino poniendo en riesgo su salud e, incluso, su vida. Sin embargo, el aborto legal seguro y gratuito sigue siendo una materia pendiente en Argentina.
En nuestro país, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de esas muertes. Según datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, desde la recuperación democrática han muerto más de 3.000 mujeres como resultado de la práctica de abortos inseguros, lo que obliga a pensar el derecho al aborto como un problema de salud pública.
Con motivo de esta fecha, desde la Campaña convocan a actos en todo el país para exigir al Gobierno que se debata el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboró un documento en el que desarrolla las
“Diez razones para despenalizar y legalizar el aborto temprano”:
1. La penalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse abortos. La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y sea elevada la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. El altísimo número de abortos evidencia, por sí solo, el poco o nulo efecto disuasorio de la ley sobre las mujeres.
2. La penalización del aborto afecta, restringe y viola derechos humanos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres. La falta de acceso a servicio de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica discriminatoria, que vulnera derechos únicamente de las mujeres. La omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. La penalización del aborto induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud. Tal como señaló la OMS, en los países con legislaciones que permiten el aborto bajo un modelo de indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones derivadas de un aborto inseguro son menores que en los lugares donde el aborto legal está más restringido.
4. La penalización del aborto aumenta la mortalidad y morbilidad de las mujeres por abortos inseguros. El aborto inseguro constituye un grave problema de salud pública en Argentina que conlleva serios riesgos para la salud y la vida de miles de mujeres.
5. La penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales. Si bien no existe evidencia concluyente que determine cuántos de los abortos clandestinos corresponden a casos de aborto legales previstos en el Código Penal, sí existe evidencia respecto a que una gran cantidad de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro no puede acceder a él.
6. La falta de acceso a abortos seguros cuando está en riesgo la vida o salud de la mujer produce muertes por causas indirectas. Las últimas estadísticas oficiales de 2012, muestran que el 30% de las muertes de mujeres118 se debieron a causas obstétricas indirectas: mujeres que fallecieron por un problema de salud que se agravó como consecuencia del embarazo, parto o puerperio. La muerte de muchas de estas mujeres era evitable si hubiesen recibido consejería integral en anticoncepción que les permitiera prevenir un embarazo que afectara aún más su estado de salud o si, una vez embarazadas, hubiesen sido asesoradas acerca de los riesgos para su salud e informadas de su derecho a interrumpir el embarazo en condiciones legales y seguras.
7. La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres y jóvenes. Las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto acceden a una atención sanitaria adecuada y segura y, en general, no sufren complicaciones postaborto. Las de bajos recursos, en muchos casos adolescentes, se ven obligadas a practicarse intervenciones en la clandestinidad y en condiciones sanitarias precarias.
8. La penalización del aborto expone a las mujeres a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional. Las mujeres que solicitan un aborto no punible son víctimas de juicios reprobatorios y maltrato institucional: se les niega la práctica dejando a la mujer librada a su suerte, intentan convencerla para que desista, sufren intervenciones ilegales de operadores de la justicia y abogados que intentan impedir la práctica. Todo ello configura supuestos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
9. La penalización del aborto valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres. El mercado paralelo moviliza alrededor de mil millones de pesos al año por abortos clandestinos125. En los últimos años, estas cifras se elevaron en forma exponencial.
10. La norma penal es escasamente aplicada. La persecución judicial y policial del delito de aborto es muy baja en relación a la frecuencia de su práctica. Tal conclusión se desprende de la enorme diferencia entre las cifras del aborto clandestino y las de mujeres encarceladas por este delito127. En términos de política criminal, la penalización del aborto es ineficaz para proteger el bien jurídico tutelado (esto es, la vida en gestación), y en los casos en los que se aplicó también se pudo comprobar su selectividad: mujeres de bajos recursos que acuden al sector salud en busca de asistencia por estar en peligro su vida.
