12.11.2015 / A dos semanas de la segunda vuelta
El PRO planea vender terrenos públicos tras el balotaje
El gobierno porteño de Mauricio Macri tiene en marcha un plan de leyes que incluye la venta de terrenos públicos y la concesión de varias propiedades tras la segunda vuelta. Enterate cuáles y quiénes serían los compradores.
El periodista Werner Pertot de Página 12 publica hoy en el matutino que el PRO planea hacia fin de año una serie de leyes que incluyen la venta de terrenos públicos y concesión de propiedades. Entre las leyes que buscarán aprobar está nada menos que el Presupuesto 2016, que ya debería haber sido enviado a la Legislatura antes del 30 de septiembre. Esto no sucedió. Los otros proyectos son:
La venta del Buenos Aires Design: Es administrado por la empresa Emprendimientos Recoleta SA (ERSA), cuyo accionista mayoritario es el grupo IRSA de Eduardo Elsztayn, y esta empresa sería la compradora. Para que esa concesión no pasara por el control legislativo –obligatorio para todas las concesiones de más de 5 años– se lo otorgaron por 4 años y 364 días. Desde julio, el PRO busca directamente vender ese complejo con el objetivo de financiar la construcción de la Ciudad Judicial.
Venta del predio El Dorrego: Aunque el PRO ya lo había intentado hace dos años, ahora planea vender parte del predio para financiar en la otra parte el Centro Metropolitano Audiovisual. Por otro lado, busca la concesión del Autódromo: quiere crear un fideicomiso por 30 años que será administrado por la Corporación del Sur y empresas vinculadas a la industria automotriz.
Asimismo, está en sus planes la concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones, y el macrismo busca entregar a un privado el nuevo edificio junto a la Facultad de Derecho de la UBA. Además, agrega la venta de una parte del Tiro Federal. Se propone vender una parte para construir un Centro de Innovación.
Por último, está la concesión del Bus Turístico: el contrato venció en 2013, pero el PRO se resiste a licitarlo. El negocio está en manos de una unión transitoria de empresas (UTE) de las compañías Flechabus y Rotammund. La facturación llegaría a los 78 millones de pesos anuales y el Estado se queda con el 25 por ciento de ese dinero. En lugar de licitarlo, el PRO quiere renovar la concesión a través de una resolución que requiere de 31 votos en lugar de 40 votos.
Para la gran mayoría de estas normas, el macrismo requiere de 40 votos, por lo que tendrá que negociar con algún sector del interbloque kirchnerista o bien con alguna parte de la bancada de ECO.
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