15.03.2016 / Dudas por las consecuencias del arreglo

El informe del Procurador del Tesoro que se despega del acuerdo con los fondos buitre

El estudio Clealy, que representa a la Argentina en el litigio con los holdouts, sostiene que los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda no podrán hacer futuros reclamos, pero el procurador Carlos Balbin no respalda esa postura.



El acuerdo que propone el Gobierno con los fondos buitre genera muchas dudas en varios sectores del arco político y el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York complicó aún más el escenario. En ese contexto, el procurador del Tesoro, Carlos Balbin, se despegó de la opinión del estudio que representa a la Argentina.

Según el bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton hay pocas probabilidades de que los bonistas que ingresaron al canje tengan éxito si demandan a la Argentina
.
El diputado nacional por el Bloque Justicialista, Diego Bossio, pidió durante el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda un pedido de acceso a la información con distintos cuestionamientos, uno de ellos estaba destinado a saber si la Procuración del Tesoro respalda la postura del estudio Cleary.

Es por eso que Carlos Balbín envió un escrito dirigido al Secretario de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, donde sostiene que no respalda los argumentos sostenidos por los letrados que representan al país en el litigio de los fondos buitre, debido a que él no tiene competencia para pronunciar al respecto.

Además, informa que estos representantes legales fueron contratados a través del decreto 749/2002 firmado por Eduardo Duhalde,
pero los abogados de esa firma no forman parte del cuerpo de abogados del estado que Balbín dirige ni responden a sus órdenes.

Por otra parte, Balbín expondrá frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se espera que allí desarrolle  podría desarrollar los motivos que envió la firma Cleary con respecto a la situación argentina. Según publicó el diario La Nación, los letrados le enviaron un escrito al Gobierno donde explican que los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 no tendrán ningún fundamento legal para pedir la misma compensación que propone ahora Mauricio Macri, debido a que la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) prescribió el 31 de diciembre del 2014, por lo que ya no podrán reclamar iguales condiciones.

Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro no dan garantías de que eso no ocurra. A continuación, leé el documento completo: