Legisladores del FPV bonaerense manifestaron su posición ante la citación a CFK

Los bloques de diputados y senadores del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado en el que fijaron "una posición clara y terminante respecto de la citación a la Ex Presidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner" a prestar declaración ante el Poder Judicial Federal.

"Entendemos que la citación es un intento más de las corporaciones económicas que, a través de su brazo judicial, pretenden disciplinar a una líder popular que se ha ganado el respeto de su pueblo por enfrentar siempre los intereses corporativos, llevando adelante un modelo de inclusión que puso al Estado del lado de los más vulnerables, fortaleciendo el mercado interno, la industria nacional y el trabajo para los argentinos", aseguraron los representantes de la Cámara Baja.

En este sentido manifestaron que "todas éstas maniobras, fogoneadas desde los medios de comunicación, intentan ocultar el brutal ajuste económico que está llevando adelante el actual Gobierno, que ha retomado las recetas liberales impuestas desde los organismos de crédito y que pretende pagar con el hambre de los argentinos el rendimiento incondicional ante los Buitres".

Por último afirmaron que acompañaran a "Cristina el miércoles 13 de abril, como lo hicimos siempre, porque reivindicamos a la política como la única herramienta capaz de transformar las realidades y de garantizar la felicidad del Pueblo, a pesar de los intentos sistemáticos de desacreditarla".

Los senadores también emitieron un comunicado con su posición

Los senadores del bloque del Frente Para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, repudiamos enfáticamente la citación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declaración indagatoria el 13 de abril próximo por parte del juez federal Claudio Bonadío, considerando que constituye no sólo un hecho con objetivos políticos claros, absolutamente incompatible con el accionar judicial, sino que se trata de un peligroso atentado a la institucionalidad democrática y a la sana convivencia pacífica de la sociedad.

En la causa, el juez Bonadío responsabiliza a la ex presidenta de perjudicar al erario público a través de la venta de lo que se conoce como “dólar futuro”. En primer lugar, la imputación del juez es insólita en tanto acusa a la ex presidenta, su Ministro de Economía y al presidente de Banco Central, de constituir una asociación ilícita para perjuicio público.

En este sentido, resulta inédito que se interprete la adopción de una política económica de aquella manera. Sin dudas, existe detrás un objetivo político que apunta a hostigar y desprestigiar a la ex presidenta y, con ello, atacar a la fuerza política que representa y condicionar el accionar político en su conjunto. En síntesis, un intento por disciplinar a los dirigentes políticos.

No es casual que el argumento de asociación ilícita haya sido utilizado también por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy para mantener encarcelada a Milagro Sala, violando en múltiples sentidos el debido proceso.

En cualquier caso, estamos frente a una lógica antijurídica donde el juez Bonadío se arroga la capacidad de definir criterios que deben imperar en la política económica y monetaria. Como si no fuera lo suficientemente absurdo, se soslaya que fue el gobierno posterior, es decir, el actual gobierno de Mauricio Macri, el que provocó las pérdidas económicas referidas en la causa al realizar una gigantesca devaluación, incluso en contra de sus promesas de campaña. Si se tiene en cuenta la lógica del magistrado, las medidas de política económica actual también podrían considerarse como perjudiciales al erario público según sea quién las analice y su posición política.

En suma, se trata de un abuso absoluto de autoridad por parte del Poder Judicial y, por lo tanto, de una amenaza a la división de poderes y un consecuente ataque a la república.

Asimismo, observamos que éste no es un hecho aislado en la región y puede vincularse con los ataques que está recibiendo actualmente el gobierno democrático y constitucional de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, por parte del Poder Judicial de ese país, con objetivos golpistas encubiertos.
Bien sabemos, que en la Argentina la Corporación Judicial ha sido responsable en numerosas oportunidades del desgaste de gobiernos democráticos que no respondieran a determinados intereses.

No sólo el Peronismo fue blanco de los ataques del Poder Judicial, sino también el Radicalismo. En este sentido, recordemos que fue una acordada de la Corte Suprema la que justificó el golpe contra Hipólito Yrigoyen en 1930, utilizando como argumento el “vacío de poder” y el “desorden público”, sin contar que sería el puntapié que daría lugar, de algún modo, a sucesivos gobiernos de facto y una historia plagada de brutales golpes cívico-militares.

De esta manera, los dos partidos principales de la Argentina han sufrido, a lo largo de la historia, embates de poderes conservadores que lograron instalarse dentro de las estructuras del Poder Judicial pretendiendo gobernar a través de sus decisiones y avasallando toda lógica democrática.

Es claro que no podemos permitir que avance esta acusación absurda, que no sólo pretende desprestigiar a la ex presidenta sino también perjudicar la vida institucional en su conjunto, dando muestras de un revanchismo político peligroso para la sana convivencia de nuestro querido pueblo argentino.

Por eso, los Senadores del Frente Para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires marcharemos este miércoles 13 de abril a Comodoro Py para acompañar a Cristina junto con miles de argentinos que también se harán presentes.