El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, presentó hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública: "Toda organización que recibe fondos públicos está sujeta a esta ley. La información que se brinda es en función del fondo público que están recibiendo".
En el Anexo de la Cámara baja, donde se reunieron en plenario las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para empezar a tratar la iniciativa, Pérez subrayó que además de los sindicatos y los tres poderes del Estado, deberán brindar información el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, las universidades y las empresas privadas con participación del Estado, entre otras instituciones.
Por su parte el funcionario
explicó que el proyecto del gobierno se basa en cuatro principios: la celeridad, "para que rápidamente el Estado pueda responder a quienes piden información"; la publicidad; la gratuidad, y la informalidad, "para que cualquier ciudadano con sólo la identidad y el contacto" pueda obtener la información, "sin otro documento que presentar".
En esta línea sostuvo que los pedidos de información podrán hacerse a través de internet y aseguró que serán "trámites rápidos".
"Tenemos un capítulo de lo que llamamos Transparencia Activa muy ambicioso", indicó Pérez y agregó: "Todas las áreas del Estado deberán brindar información en sus páginas web referida a la estructura, las funciones, la nómina del personal, las escalas salariales, las declaraciones juradas, el presupuesto, las contrataciones, las licitaciones, las obras públicas".
Señaló que la ley también prevé eximir de la obligación de brindar información a aquellos "órganos del Estado que tienen competencia de investigar", por lo cual "ese material obviamente estará resguardado".
La iniciativa viene a reemplazar al decreto 1172 de 2003 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner porque esa medida establecía el acceso a la información sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto enviado por Macri abarca a también al Legislativo y al Judicial y otras instituciones que tienen participación del Estado.