14.04.2016 / Sector inmobiliario

Consorcios transparentes, expensas claras

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado vinculado al registro de consorcios y la necesidad de que esto no incremente el precio de las expensas.




La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la sanción que la Legislatura porteña le dio a la Ley 5465 la cual crea el Consejo de la Propiedad Horizontal, luego de que el Poder Ejecutivo presentara un proyecto para modificar los artículos 9,10,11,13 y 14 de dicha ley.

En base a esto el organismo ratificó los siguientes puntos:

1- Que el registro de las administraciones no implique el incremento de las expensas, que deben ser definidas solamente con los costos propios de los edificios y no con cargas distintas o ajenas a lo que sucede en ese inmueble. Hay que defender el bolsillo de los vecinos.

2- El registro de las administraciones tiene que ser público, claro y transparente. En él deben constar las características y antecedentes de cada una de las administradoras. Y fundamentalmente se debe incorporar la posibilidad de que los vecinos que están en los consorcios opinen y califiquen a las administradoras como antecedentes para ser considerados por quienes deseen contratar sus servicios en el futuro.

3- Las administraciones tienen que estar definidas de forma clara y transparente. Actualmente existen diferentes situaciones en torno a las administraciones de consorcios. Hay administraciones de consorcios privadas, consorcios administrados por los vecinos y por último empresas que se reservan más de la mitad de los inmuebles en alquiler y que imponen condiciones al resto de los vecinos. Esto genera en muchos casos que se altere el valor de las expensas o que se incorporen expensas extraordinarias a quienes son inquilinos. Esta situación también debe estar en el centro del debate, porque se debe proteger el bolsillo de los vecinos.

4- Representación y cargos no remunerados. Las representaciones deben ser proporcionales, sin estigmatizar a los trabajadores que tienen una actividad central en todos los edificios, con respeto a los propietarios y fundamentalmente con la presencia del Estado. La Defensoría del Pueblo sostiene y reafirma la necesidad de que los cargos no sean remunerados, debido a que quienes van en representación de la Defensoría ya cobran un sueldo en este organismo, y lo mismo sucede con quienes representan al Gobierno de la Ciudad. Es imperioso que esto tampoco impacte en el bolsillo de los vecinos.

"Entre todos debemos controlas a las administraciones de los consorcios y las liquidaciones de las expensas. Cada vecino debe revisar permanentemente lo que abona de expensas, para que dicho monto se rija exclusivamente por lo que corresponde a las prestaciones de su edificio", manifestó en el escrito el Defensor Alejandro Amor.