24.04.2016 / Judiciales

Investigan a la subdirectora de la AFI por presunto lavado de activos

El fiscal federal Delgado pidió que se investigue a Silvia Majdalani, número dos de la Agencia de Inteligencia Federal y ex diputada nacional por el PRO, por supuesto lavado de dinero a través de firmas que se le atribuyen al empresario detenido Lázaro Báez.



El fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigue a la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, por supuesto lavado de dinero a través de una red de empresas argentinas y extranjeras, algunas de las cuales se atribuirían al empresario santacruceño detenido, Lázaro Báez.

Según informa Télam, Delgado emitió un dictamen en el que solicitó iniciar una pesquisa sobre Majdalani tras realizar una investigación preliminar a partir de una denuncia realizada por el legislador porteño Gustavo Vera, quien el miércoles pasado brindó detalles sobre la investigación.

El fiscal Delgado sostuvo que la actual funcionaria de inteligencia y ex legisladora porteña integra tres sociedades anónimas que podrían estar vinculadas con movimientos de dinero provenientes de ilícitos. Según denunció Vera, en una de esas sociedades, también tendría participación Gustavo Larreira Mendivil, miembro de 57 empresas de las cuales 54 estarían radicadas en la República de Panamá, Nueva Zelanda, República Oriental del Uruguay y Gran Bretaña.

Asimismo, Vera sostuvo que Mendivil integra el directorio de Latin American Asssets Managment Group, una sociedad radicada en Panamá e investigada en la causa que investiga el lavado de dinero de Lázaro Báez y posterior encubrimiento. 

Otro de los hechos relatados en la nota del periodista Ariel Zak y reflejados en el dictamen de Delgado, es "la compra de acciones de la empresa El Teuelche S.A, propiedad de Eduardo Costa –esposo de Mariana Zuvic actual parlamentaria del Parlasur-, por parte de la firma Holem S.A., radicada en Uruguay a nombre de Larriera Mendivil, aunque la misma carecería de actividad comercial".

El fiscal dictaminó que algunos de los involucrados "no declararon vinculación societaria alguna, cuando en verdad la situación informada por la IGJ indica todo lo contrario".
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