¿Cuál es la situación de la mujer a un año del Ni Una Menos?

Este viernes se realizará la segunda marcha de Ni Una Menos al cumplirse un año de la movilización del 3 de junio pasado. Si bien la primera concentración generó impacto internacional por su dimensión, los femicidios en Argentina llegaron a 286 en 2015 y siguen aumentando en lo que va del año. A esto se suma la violencia física, simbólica y psicológica diaria.

Uno de los detonantes de la primera marcha fue el caso de Chiara Páez, la adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada a golpes por su novio. En esa ocasión, cientos de miles de personas se reunieron frente al Congreso para exigir el fin de la violencia machista que se propaga tanto desde la sociedad civil, como del Estado y los medios de comunicación.

A pocos días del segundo Ni Una Menos, el cuerpo de Micaela Ortega, de 12 años, apareció en Bahía Blanca después de 35 días de búsqueda. El asesino, Jonathan Luna, de 26 años y que estaba prófugo desde 2014, la engañó haciéndose pasar por una nena de su edad vía Facebook y la secuestró. Cuando la víctima se resistió a ser violada, Luna la mató.

Como Chiara y Micaela, en Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas, según cifras de la Casa del Encuentro.

Con Ni Una Menos emergió un proceso de identificación y desnaturalización de la cultura patriarcal que implicó una crítica al discurso hegemónico que justifica la agresión y pone el foco sobre la víctima. Titulares como “la mató por amor” o “crimen pasional” ya no son aceptados por un importante sector de la sociedad. De todas formas sigue operando un chato sentido común: basta recordar que muchos se preguntaban después del crimen de las dos chicas argentinas en Ecuador, por qué viajaban solas.

Sin embargo, este cambio cultural debe ir acompañado de políticas públicas efectivas que sean implementadas para contener a la víctima. Si una mujer denuncia a su esposo, novio o padre violento pero después tiene que volver a su casa, la agresión puede transformarse en asesinato.

En este sentido la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres ordenó en su artículo 9° “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Según la Ley, el organismo competente para implementar el plan de acción es el Consejo Nacional de la Mujer, al que se destinó el 0,0055% del presupuesto nacional.

En consonancia con esa norma, la Ley 27210 promulgada en noviembre, implica la creación de un Cuerpo de Abogadas y Abogados para víctimas de violencia de género. El organismo tiene como principal función brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades, así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual. Esta Ley, votada por unanimidad, sigue sin implementarse.

Hace un mes se conoció la sentencia a 8 años de prisión a una joven de 27 que hace 2 años está presa, acusada de homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo en Tucumán. Es evidente que el Poder Judicial es una pata del Estado que refuerza la legitimidad de la violencia machista. El caso de Belén es uno entre tantos otros en los que se sigue condenando a las mujeres por ser mujeres. Y si son pobres como Belén, mucho peor.