El presidente Mauricio Macri eliminó mediante un decreto el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE. Así,
el 6 de mayo derogó un decreto del año pasado que reglamentaba la ley de inteligencia sancionada en febrero de 2015 (luego del escándalo por la muerte del ex fiscal Nisman) que habilitaba el acceso público a la información sobre el uso del dinero de la AFI, que para este año tiene un presupuesto de $1.450 millones.
"Reclamamos al Presidente que revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado", advirtió un documento de Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, según informa el periodista Gabriel Sued en La Nación.
"[Pero] la vuelta a un sistema regido por el secreto sólo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos", agrega el texto de Iccsi, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed).
Allegados a la nueva conducción de la AFI, que encabezan Gustavo Arribas (director) y Silvia Majdalani (subdirectora), argumentaron a La Nación que el decreto formativo de la nueva agencia había "desnaturalizado" la ley de inteligencia, dado que había establecido la publicidad de determinados gastos vinculados a la actividad propia de la AFI,
"que no es otra que la de inteligencia la que, por disposición de la ley, es clasificada".
Agregaron que
"en relación con la ejecución presupuestaria, se creaba una incógnita respecto de los organismos que debían ejercer su control cuando la ley es clara al asignarle exclusiva incumbencia a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".
Aseguraron además que
"se está trabajando en el establecimiento de un procedimiento para la adecuada rendición de los gastos reservados y conservación de su documentación respaldatoria".
Igualmente, la distinción que se hacía en el decreto del 2015 sobre los distintos fondos es bastante clara. Los fondos públicos eran
"aquellos destinados a solventar erogaciones ordinarias que realiza el sistema nacional de inteligencia para cumplir sus actividades, cuyo objeto no debe permanecer secreto". Los fondos reservados, por su parte, son los
"necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicación pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior".
A las quejas del Iccsi se sumó el 18 de mayo un reclamo dirigido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Memoria Activa, ante quienes el Estado nacional se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus responsabilidades en el atentado de la AMIA a "transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia".
Estas organizaciones preguntaron
"cuál será la política que esta gestión adoptará frente a la exigencia de transparentar la actividad de inteligencia y desclasificar información que no se relacione con cuestione operativas que requieran del secreto por razones de seguridad".
El funcionario del Gobierno porteño, Hernán Charosky, respondió a las críticas asegurando que "no se trata de un retroceso en el control" y que lo importante es "lo que responda la Jefatura de Gabinete" que conduce Marcos Peña.
