La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) encontró inconsistencias y contradicciones en los números que reflejan el patrimonio del presidente Mauricio Macri. Así lo plasmó en un informe entregado a la Justicia, que investiga si el mandatario cometió algún delito al relevar sus bienes de distinto modo ante dos organismos públicos: uno porteño y otro nacional.
Se trata de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Macri ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Oficina Anticorrupción (OA). Entre ellos hay “algunos ítems, conceptos y valores diferentes”, dijeron al diario La Nación desde la Procelac. El resultado surge de un informe comparativo de las declaraciones juradas de Macri en 2014, correspondientes a bienes inmuebles, acciones, depósitos y dinero en efectivo, entre otros rubros. En Casa Rosada, en tanto, argumentaron que las diferencias se deben a divergencias en los sistemas de carga de ambos organismos.
En la primera presentación, ante la Ciudad, Macri informó que su patrimonio ascendía a $ 68 millones. En la segunda, ante la OA, lo redujo a $ 52 millones. En la Procelac tomaron en cuenta los distintos criterios informativos, pero así y todo detectaron falencias. Señalaron que “la valorización de las tenencias accionarias difiere entre ambas declaraciones. Por ejemplo, en una presentación figuraban "acciones del país" [sic] por $ 27,5 millones y $ 5700 por "acciones del exterior" [sic], mientras que ante la OA se fijaron esos valores en 13 centavos y $ 48.171, respectivamente.
Además,
la Procelac advirtió que un depósito en Suiza declarado ante la OA no figura en la documentación entregada en la Ciudad. Así, ante el organismo nacional Macri declaró una cuenta con $ 7,5 millones generados con una "venta de activos", aunque según la unidad fiscal "ese depósito no figura" en el informe en el ámbito porteño, donde sí detalló una cuenta en Estados Unidos. Según el contador de Macri, Mauricio Szmulewiez, todo se debe a confusiones y divergencias en los sistemas de carga.
El informe de la Procelac se remitió a la justicia penal, donde el expediente pasó del fiscal Sandro Abraldes a su par Silvana Russi y a la jueza subrogante Elizabeth Paisan, quienes ya habían iniciado una investigación similar, mientras que el juez federal Sebastián Casanello también pidió datos a la Oficina Anticorrupción en el marco de la causa por los Panamá Papers.