21.07.2016 / Polémica

Ex gobernador denuncia persecución política y manejos sospechosos de su antecesor con empresas extranjeras

Martín Buzzi, ex gobernador de la provincia de Chubut, irá a juicio oral el lunes por una acusación de fraude a la administración pública que afirma “fue armada como una represalia a medidas que tomó durante su gestión afectando intereses políticos y empresariales multinacionales”.




Martín Buzzi fue gobernador de Chubut entre 2011 y 2015, ahora deberá afrontar un juicio oral por la acusación de "fraude a la administración pública", pero el ex mandatario denuncia que es una causa armado "como represalia a medidas que tomó durante su gestión afectando intereses políticos y empresariales multinacionales”.

"La extensión del contrato del yacimiento más rico de la Argentina que es Cerro Dragón, y que representa el 19 % de la producción petrolera del país, otorgado por el gobernador Mario Das Neves por 40 años a la empresa Pan American Energy (socia de la británica British Petroleum) se hizo bajo el pago de sobornos y corrupción. Yo pedí que la provincia de Chubut sea incluida como querellante en la investigación y ahí nace la persecución y el motivo de esta causa”, manifestó el ex gobernador chubutense en diálogo con Política Argentina.

Buzzi se refiere a la causa por la que prestará declaración este lunes. Está acusado de haber cometido una irregularidad en perjuicio del Estado provincial al otorgar en 2013 un crédito de $10 millones a la empresa pesquera Alpesca. Los Fondos fueron transferidos por decreto a la Secretaría de Trabajo y de la Subsecretaría de Pesca a la Corporación de Fomento de Chubut (CORFO), un ente autárquico encargado de ejecutar políticas agropecuarias. Luego -por medio de otro decreto- Buzzi autorizó a CORFO a firmar un contrato de mutuo con Alpesca S.A. por $10 millones.

Buzzi afirmó que “no hubo ningún perjuicio para la provincia” y que “las actuales autoridades no tomaron ninguna medida tendiente a ejecutar la garantía del crédito”. Además señaló que la decisión de otorgarle esa suma de dinero a Alpesca fue para frenar la escalada de conflictividad social que existía en la actividad pesquera y dentro del marco de un plan para evitar el cierre de empresa. Buzzi alegó en su defensa que “los $10 millones se usaron para pagarle los sueldos a los 1.040 trabajadores de la compañía pesquera, quienes no cobraban desde hacía meses”.

El 25 de julio se llevará a cabo la audiencia preliminar del juicio oral y público. Buzzi le está solicitando al juez Fabio Monti que autorice a los 1.040 trabajadores de Alpesca a presentarse para que digan que los millones otorgados a la empresa fueron destinados al pago de sueldos pero hasta el momento no se sabe si el juez accederá a su derecho.

Buzzi afirma que lo están persiguiendo y que lo quieren hacer callar porque durante su mandato pidió que la provincia sea tenida como querellante en la causa en la que se investiga la extensión de la concesión de Cerro Dragón -la mayor reserva de petróleo del país- a la compañía Pan American Energy hasta el año 2047.
Ante las sospechas de irregularidades en esa renegociación, British Petroleum -socia de Pan American Energy- se autodenunció en los Estados Unidos ante la Securities and Exchange Commission (SEC) para evitar sanciones.

De esta investigación por el presunto pago de sobornos (durante la administración de gobernador por ese entonces y actual mandatario, Mario Das Neves) de Pan American Energy a cambio de la extensión de la concesión de Cerro Dragón, participan el fiscal Mark Yost, la SEC y el FBI. En esta causa ya declararon más de 100 argentinos.

En el marco de esta causa el fiscal Guillermo Marijuán viajó en dos oportunidades a los Estados Unidos donde se reunió en la SEC con el equipo que encabeza el fiscal Yost y tuvo acceso a importante información que le permitirá avanzar con la investigación.

Buzzi también denuncia que quien era Fiscal de Estado en el momento de la extensión de la concesión de Cerro Dragón y que firmó el dictamen favorable es Jorge Miquelarena luego designado Procurador General de Chubut y -en ese cargo- es jefe del fiscal Daniel Báez quien lo acusa en la causa Alpesca. 

Cerro Dragón calcula su nivel de producción en 2.500 millones de dólares al año, multiplicado por los 40 años de extensión de la concesión hacen un total de 100 mil millones de dólares.