
"El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presidieron una reunión de la que también tomaron parte el Secretario de TIC´s, Héctor Huici y el presidente de ENACOM, Miguel de Godoy, en la que
se convino trabajar en conjunto en la identificación del titular de las líneas de telefonía celular, así como agilizar el suministro de información sobre su uso a requerimiento judicial", afirma un informe oficial, según Infobae.
Esto significa que
desde el Gobierno comenzaron a trabajar en una iniciativa para que las empresas telefónicas brinden al Ejecutivo los datos de sus clientes cuando haya un requerimiento judicial.
Según se consigna, el objetivo es favorecer el intercambio de información, sobre todo cuando se trate de delitos con riesgo de vida para algunas de los actores involucrados. Se informarán datos relativos "al titular, así como de su uso preservando las garantías de las personas".
Participaron del encuentro Julio Carlos Porras, de Claro; Federico Rava, de Telefónica de Argentina; y Alejandro Quiroga López, de Telecom Argentina.
En el borrador del acuerdo se refiere a la posibilidad de colaborar con las medidas necesarias para identificar a sus clientes, particularmente a aquellos con línea prepaga.
Si bien desde la cartera de Comunicaciones que encabeza el radical Oscar Aguad, remarcan que se trata de una iniciativa para incrementar la seguridad y subrayan que por ahora sólo fue una reunión sin lineamientos ni directivas específicas, el tema trae fuertes polémicas.
Por un lado,
ocurre luego del acuerdo impulsado por el presidente Mauricio Macri para que la Secretaría de Comunicación perfeccione sus "estrategias" con la información aportada por ANSES.
La medida fue duramente cuestionada por toda la oposición a partir de señalar que se busca favorecer a Cambiemos en su propaganda política, y ya hay un amparo presentado ante la justicia por una abogada para frenar la decisión. Además, el portal La Política Online afirma que el macrismo ya había fallado al intentar quedarse con la base de datos de la tarjeta SUBE que está en manos del Ministerio de Transporte.
Por otra parte, la problemática incluye
discusiones a nivel mundial. El caso más conocido es el de la batalla legal entre Apple y el Gobierno de Estados Unidos, luego de que la multinacional se negara a desbloquear el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino (California) que en diciembre de 2015 mató a 14 personas y dejó más de 20 heridos.
En la justicia ganó la empresa de la manzana, aunque luego el FBI le pagó a hackers para que accedieran al dispositivos.