Integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que responde al Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie, las dos CTA y agrupaciones barriales se concentraron ayer ante la Legislatura para acompañar desde la calle la presentación de un proyecto de ley que declara la “emergencia social” en materia laboral, habitacional, económica, impositiva, fiscal, de transporte, salud, educación, cultura y género.
La iniciativa exige que se conforme un comité de emergencia compuesto por representantes de los sectores involucrados. En este sentido señalaron que “la realidad social de la ciudad está tocando fondo” y que se necesitan “medidas concretas para paliar la emergencia en que se encuentra la población porteña”.
Según el primer artículo del proyecto de ley,
la “emergencia social, habitacional y económica” tendría vigencia por dos años, tiempo durante el cual el Ejecutivo debería cumplir con las medidas propuestas en el resto del articulado para proteger y, en algunos casos, incrementar, la intervención estatal en diferentes áreas. Se trata de una propuesta que “contempla políticas sociales para los sectores más humildes de la Capital Federal”, resumió Walter Córdoba, de Barrios de Pie.
Por su parte entre las medidas que ordena el proyecto de ley está la de “asegurar” las raciones de alimentos asignadas a comedores comunitarios, así como duplicar el monto de los subsidios que se les brinda y abrir nuevos espacios. También se exige la “suspensión de todo desalojo de inmuebles con fines de vivienda” así como de “los aumentos de tarifas de transporte” durante el plazo que rija la emergencia.
Además las organizaciones sociales destacan que debido al momento recesivo que atraviesa la economía del país, los sectores más bajos son los primeros en verse afectado por lo que se observa un aumento notorio de la pobreza, indigencia e incremento de la gente en situación de calle.
El proyecto de ley también plantea el incremento de la obra pública y la “elaboración de convenios con cooperativas de trabajo” para concretar las obras; la exención del pago de Ingresos Brutos a todos aquellos monotributistas sociales –los cooperativistas– y la creación de nuevas líneas de crédito para esos colectivos.
"El hambre no espera. Si no se aprueba la emergencia social, será hora de un paro general de todas las centrales sindicales”, advirtió Luciano Nardulli, de la CCC.