27.10.2016 / JUDICIALES
Denunciaron al juez que consideró legal el funcionamiento de Uber
La Fundación por la Paz realizó una denuncia contra el juez Zelaya por dictaminar a favor de la empresa que ofrece una red de transporte privado y es rechazada por los taxistas.
Una ONG denunció al juez Miguel Zelaya, quien dictaminó que el funcionamiento de la empresa trasnacional Uber era lícito, por haber incurrido en "violación de los deberes de funcionario público, abuso de poder y encubrimiento" al emitir ese fallo, ya que se habría excedido en sus funciones porque la causa estaba radicada ante el juez Ariel Lijo.
La presentación recayó en el Juzgado Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y la denuncia alcanza también al fiscal Jorge Ballestero, que se pronunció contra la existencia de delito.
Zelaya se pronunció en una demanda promovida por el Sindicato de peones de Taxis contra los choferes que manejan vehículos sin el registro especial y sin el control que el gobierno de la Ciudad impone a los taxistas. En su escrito ante la justicia federal el titular de la Fundación, Fernando Míguez, recordó que su fundación denunció ante el juez Lijo a Uber por evasión impositiva y a las autoridades porteñas, incluyendo al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, por "incumplimiento de sus deberes", por no oponerse al funcionamiento de esa plataforma de transporte en la Argentina.
En la denuncia ante Martínez de Giorgi, la fundación recalcó que el juez Lijo adoptó medidas de prueba y que entre los denunciados están, además de Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte. Guillermo Dietrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. "Uber es una empresa que no está registrada en la IGJ, los usuarios pagan con tarjetas de crédito de bancos nacionales y toda esa plata no tributa impuestos", se quejaron desde la fundación.
"¿Cómo puede ser que ningún organismo de control detectara operaciones sospechosas? Se trata de una empresa que no tributa pero que a la vez pagó de arranque multas de 70.000 pesos por cada uno de los autos que les fueron secuestrados. ¿Cómo ingresó ese dinero al país?", se preguntó Miguez.
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