En un comunicado publicado esta mañana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que “el Gobierno nacional modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia”, a pesar de estar prohibido en la Constitución nacional.
El proyecto de DNU al que accedió el CELS apunta, entre otras cosas, a cambiar el acceso a la nacionalidad argentina:
"En lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. Así se reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín”, explican desde el organismo.
El texto que denuncian, es una regresión para los derechos de los inmigrantes. “Las personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal.”
Si el gobierno decide avanzar con esta reforma eludiendo nuevamente el Congreso “restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos”, denuncia el comunicado y agrega: “Además lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos.”
Cabe recordar que la participación de personas migrantes en el total de los delitos es poco significativa: menos del 5% de la población carcelaria es extranjera. Sin embargo,
la ley vigente contempla la expulsión de a aquellos que tuvieran procesamiento firme por delitos graves, por lo que la reforma de la ley no se dirige a quienes cometan delitos graves sino a ampliar y endurecer el control de quienes cometen delitos menores, como la venta callejera.
El CELS explica entonces que “el impacto de esta medida será menor para la prevención del delito y será significativo en la restricción de los derechos de las personas migrantes de escasos recursos. Se trata por lo tanto de una política clara de exclusión social”. “Hace años que la asociación entre migrantes y delito es utilizada por los gobiernos, siempre con los mismos fines: instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes” concluye el documento.
