16.03.2017 / 8M

La Policía de la Ciudad está acusada de violencia contra las mujeres y apremios ilegales

Dos causas judiciales ponen bajo la lupa el violento accionar que tuvieron los uniformados durante la razzia ocurrida en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Un informe de la Procuvin confirmó que las detenciones no tenían conexión con lo ocurrido frente a la Catedral.



La Policía de la Ciudad tiene una causa judicial en su contra por “apremios ilegales”, por su accionar durante la violenta razzia que encabezaron, sobre mujeres que habían participado de la marcha del 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) elaboró un documento que se incorporó al expediente, que confirma, según informó Página 12, que las detenciones fueron groseras privaciones de libertad, que se llevaron adelante con violencia, que no tenían conexión con los hechos ocurridos frente a la Catedral dos horas y media antes.

El informe asegura además, que las detenidas “fueron sometidas a requisas que son ilegales en las cárceles desde 1984, como exponer a las personas a desnudez total, obligarlas a regresar a las celdas sin poder cubrirse y hacerlas agachar para revisarle las nalgas. Además, las detenidas recibieron agresiones verbales y discriminatorias atravesadas por expresiones de machismo y lesbofobia” explica el artículo publicado por el matutino.

La fuerza policial, que el jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta puso en funcionamiento hace menos de tres meses, deberá enfrentar dos causas judiciales: una por “apremios ilegales” porparte de los uniformados que intervinieron y la otra por daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones” a las personas detenidas.

Al día siguiente de la razzia contra las manifestantes, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Violencia Institucional tomaron testimonio a las personas detenidas y a testigos del operativo policial. El dictamen quedó a cargo de la Procuvin y fue enviado a la Fiscalía N° 59, que interviene para investigar los “apremios ilegales”.