03.05.2017 / Polémico

El Gobierno avaló el 2x1 de la Corte Suprema para los genocidas

A contramano del repudio de los organismos de DDHH, el Ejecutivo de Mauricio Macri expresó su apoyo a la decisión del máximo tribunal a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El funcionario pidió "ser respetuosos" del fallo y aseguró que acata "lo que dijo la Corte Suprema de Justicia". Escuchá lo que dijo.



A diferencia del repudio unánime de referentes y organismos de Derechos Humanos, el Gobierno de Mauricio Macri salió a avalar el 2x1 del máximo tribunal de justicia nacional para los genocidas a través del secretario de DDHH, Claudio Avruj, que afirmó que hay que "ser respetuosos" del fallo y sostuvo que el Ejecutivo acata "lo que dijo la Corte Suprema de Justicia"

"Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte", aseguró Avruj en diálogo con AM 750, y agregó que tal posición ocurre "si el fallo está ajustado a la ley".

Consultado sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso del represor Luis Muiña, que redujo el cómputo de la prisión al concederle el derecho del 2x1 de acuerdo a lo que establece la ley 24.390, el funcionario sostuvo: “Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Siempre sostuve que los derechos humanos son para todos por igual, y, si los integrantes del tribunal consideraron que el marco legal permitía eso, tenemos que respetarlo”.



Si bien pidió "más tiempo" para analiza los alcances del caso, Avruj aseveró que “el gobierno sostiene la independencia de la Justicia”, y que, por ese motivo, debía “acatar el fallo” del máximo tribunal porque "por sobre todos está el marco regulatorio de la ley".

“Permanentemente estoy condenando lo que fue el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte” de los años de la dictadura, consideró, pero aclaró que tampoco podía “juzgar” de acuerdo a su “propio criterio y mover la ley”, porque estaría haciendo “lo mismo que hicieron los militares”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires, generando un preocupante precedente. Como consecuencia, distintos referentes de Derechos Humanos y de diversos espacios políticos expresaron un fuerte repudio por la medida, en un marco donde además se incrementan los otorgamientos de prisiones domiciliarias para represores y mientras la Iglesia avanza en un llamado hacia la “reconciliación”.