26.03.2019 / Polémica

Macri impulsa el nuevo Código Penal criminalizando el aborto y dando estatus jurídico al feto

A contramano del discurso del 11 de agosto del 2018 donde prometió despenalizar el aborto mediante la reforma del Código, el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Senado con dos ítems que restrigen derechos y continúa criminalizando la voluntad de las mujeres.




El nuevo proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno de Mauricio Macri giró al Congreso abre la polémica al momento de analizar los nuevos puntos que refieren al aborto. A diferencia de la promesa del Presidente de despenalizarlo, el nuevo código no solo restringe derechos sino que antepone los "derechos" del feto sobre la persona gestante. 

Es que el día 11 de agosto después del largo debate por la aprobación del proyecto de ley, el propio Maurici Macri prometió que trabajarían en introducir la despenalización en el proyecto de reforma del Código Penal. Después de que el Gobierno postergue en tres ocasiones, lo oficializó esta semana y los puntos referidos a la interrupción voluntaria del embarazo son peores que los anteriores.

"El juez podrá disponer que la pena (que podrá ser de 1 a 3 años) se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad", expone el proyecto.

De esta forma será un juez el que decida si una persona tuvo los motivos suficientes para realizar un aborto, una práctica que torna difuso los criterios que para la Justicia serán validos o no para abortar. Además se mantiene a la interrupción del embarazo como un delito que cuenta con sanción penal.

Pero no es todo ya que el anteproyecto crea una nueva figura como el "aborto culposo" por "imprudencia o negligencia" y le da un estatus jurídico al feto al incorporar como delito la "lesión a la persona por nacer en forma dolosa y culposa". Así se amplía la persecusión a los profesionales de la salud que apliquen la interrupción voluntaria de un embarazo.

El proyecto cuenta con las firmas del Presidente, de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano quien en 2018 sostenía no estar de acuerdo “con que el derecho penal sea la amenaza contra una mujer que aborta”. Lo cierto es que la reforma del Código solo restringe más el acceso al aborto y le da derechos al feto por encima de la persona gestante.