
El Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para recopilar información sobre la criptomoneda $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco del escándalo desatado luego de que el presidente Javier Milei promocionara el activo en su cuenta de X, que terminó con pérdidas millonarias para quienes siguieron su consejo e invirtieron allí su dinero.
La medida se implementó a través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del propio Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI "cumplió con las tareas asignadas" y que la información recopilada "ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal".
La baja se da en el contexto del desplante de Cúneo Libarona a la Cámara de Diputados, que lo había convocado a presentarse el pasado miércoles para para rendir cuentas por el criptoescándalo, tras haberse ausentado dos semanas atrás. El ministro volvió a faltar, al igual que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Su creación respondió al Decreto 114/2025 del 20 de febrero, en el que Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que inicie "las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción" en el escándalo.
La unidad, a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio, tenía la capacidad de "requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, y solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Estados extranjeros y/u organismos internacionales". "La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado '$LIBRA'", establecía la norma de su creación.
Además, tenía la obligación de informar de manera permanente al Ministerio de Justicia sobre las denuncias que pudieran formularse en contra de los sospechosos de haber cometidos ilícitos en el marco del proyecto cripto.
Pese al cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúa si existieron delitos económicos o conflictos de interés vinculados a funcionarios del entorno presidencial. Por ahora, no se publicaron informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se conoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA a ni si existieron vínculos directos con funcionarios del actual gobierno.