20.08.2019 / Repercusiones

El inventor de los tarifazos criticó el congelamiento del precio de las naftas que aplicó Macri

Retraído a la esfera privada, la consultora de Juan José Aranguren consideró la medida tomada por el Presidente tras la derrota en las PASO como "un retroceso significativo" de la política energética. "Es un desincentivo a la inversión en el sector", alertó sobre el comportamiento de los inversores por los cambios en las reglas del juego.




Juan José Aranguren fue ministro de Energía y Minería entre el 10 de diciembre del 2015 hasta el 16 de junio del 2018 cuando fue desplazado por el Presidente Mauricio Macri. En ese periodo se encargó de dolarizar las tarifas de servicios públicos aplicando aumentos del 1000% para la luz, el gas y el agua.

"Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", alerta Energy Consilium en un comunicado difundido por La Política Online.

La consultora de Aranguren advierte sobre lo grave que puede ser la salida de los inversores en el sector si no hay seguridad jurídica. "La dinámica observada en el pasado en la Argentina debería ser razón suficiente para tener extrema cautela en la implementación de medidas que puedan afectar el nivel de inversión sectorial", sostienen.

No obstante el informe no se priva de elogiar la gestión de Aranguren al frente de la cartera de energía. "En los últimos tres años se ha logrado un avance significativo en el desarrollo de una política energética moderna y sustentable que logró revertir la declinación en la producción de petróleo y gas natural. Es por ello que consideramos que este DNU significa un retroceso significativo en términos de política energética", rematan.

Por último Aranguren agrega que la decisión "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector" y se queja porque es el único al que el Gobierno que integró le "intervino los precios en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva (como fue el caso de los productos de primera necesidad), o haciéndose cargo de las diferencias (como en el caso de los créditos UVA)".