El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo hoy que pidió "revisar" el revocamiento judicial de los exministros del macrismo, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, en la causa por la renegociación de los peajes, porque a su entender hubo "funcionarios que terminaron actuando de los dos lados del mostrador" en el marco de un esquema "ruinoso" para el Estado.
Anoche, l
a Dirección Nacional de Vialidad se presentó ante la justicia federal en busca de ser tenida por parte querellante en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018, confirmó Katopodis.
"Eran esquemas ruinosos, renegociaciones que no se ajustaron a derecho y a las condiciones que preveían estos contratos y hubo incompatibilidad en muchos casos de funcionarios que terminaron actuando de los dos lados del mostrador", expresó Katopodis esta mañana en declaraciones a Télam.
"Lo que nosotros sostenemos es que había un sistema organizado para que el Estado pierda plata y algunos pocos se llenen los bolsillos", puntualizó el ministro.
El último jueves la Unidad de Información Financiera que conduce el Dr. Carlos Cruz pidió ser tenida en cuenta como querellante en la causa y además pidió la inhibición de bienes de empresas ligadas a Mauricio Macri.
En la causa estaban imputados y procesados el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, su par de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Energía Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, pero la semana pasada la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de esa medida, por entender que, cuando fueron indagados, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra.
"Queremos que se revisen las pruebas para hacer el seguimiento del proceso judicial y poder saber los argentinos la responsabilidad que existió de parte de los funcionarios públicos", enfatizó Katopodis. Al respecto, reclamó que los "contratos de las concesiones tienen que ser investigadas por una justicia de manera imparcial para que se esclarezca la responsabilidad, porque fueron prorrogados incumpliendo las pautas de las concesiones establecidas".
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Ayer, por decisión de Katopodis, Vialidad Nacional pidió revisar la medida ante el juzgado federal 12, a cargo interinamente de Julián Ercolini y ser tenido en cuenta como querellante bajo el argumento de que fue directamente afectado por los delitos que se investigan por "ser la autoridad de aplicación de los mencionados contratos de concesión".
"Por los acuerdos integrales de renegociación denunciados y que fueran aprobados en el año 2018 se les reconoció a las empresas (24 años después y a poco de vencer sus contratos por ende las concesiones) mediante una maniobra que encubriría una adjudicación directa, es decir un nuevo contrato de concesión, la suma de U$S 499.000.000", indica el escrito presentado por Vialidad.
En ese plano, fundamenta que la "maniobra instrumentada, estructurada sobre un andamiaje de compensación y condonaciones de multas y penalidades, requiere sin dudas del conocimiento de las máximas autoridades para su realización, que justamente resultaban los que tenían intereses manifiestos en las empresas concesionarias", sostiene la presentación judicial.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AuSol y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio.
De esa forma, lograron que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso. Cuando los procesó, a fines de julio pasado, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral sostuvo que tanto Dietrich como Iguacel, que por entonces era el titular de Vialidad, y Saravia Frías habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación" para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri.
