Con 196 votos a favor, el programa de los 1000 días obtuvo su media sanción en Diputados, Hubo solo 5 abstenciones, correspondieron todas al bloque Pro, y fueron de Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, José Luis Patiño, Francisco Sánchez y Héctor “Tito” Stefani, el legislador que había citado a Fernando Cavenaghi para rechazar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública,
Pablo Yedlin, dio detalles del mismo, destacando la “unanimidad” que había obtenido en las comisiones. “Es un proyecto de ampliación de derechos para aquel binomio que es la mamá con el niño, que entendemos que en esta situación de crisis que hoy vive la Argentina requieren una protección particular. Y el Estado argentino ha decidido priorizar los recursos que tiene para generar la máxima protección al binomio madre e hijo a lo largo de esta situación”, remarcó
Por su parte, el diputado
Eduardo “Bali” Bucca se quejó por la ausencia de diputados presentes a la hora de tratar esa ley. “Es una falta de respeto a los niños y las niñas de la Argentina”, apuntó.
De ser aprobado en el Senado,
el proyecto de los 1000 días se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo”.
Con esto,
se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”. También hay un capitulo especifico al
“derecho a la identidad”, por el que se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.
La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud. Además, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.
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También se prevé
“el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” y se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una
“Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”.
Ésta última estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.