Mientras disfruta de su cumpleaños en Qatar como presidente de la Fundación Fifa, con comidas en restaurantes de lujo y reuniones de negocios, se conocieron malas noticias judiciales para
Mauricio Macri:
el fiscal Franco Picardi solicitó levantar el secreto fiscal y bursátil y acceder a la declaración jurada (con anexos públicos y reservados incluidos) de Mauricio Macri para determinar su evolución patrimonial como imputado en una causa en la que se investiga si favoreció a empresas enérgeticas con decisiones políticas a cambio de negocios o coimas.
Esa y otras medidas de prueba no sólo recaen sobre el ex presidente, sino también sobre el ex ministro de Energía
Juan José Aranguren, y los empresarios
Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.
En un requerimiento, el funcionario judicial solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil y las DDJJ de ciertas personas físicas y jurídicas para "profundizar la investigación que viene desarrollando".
Por un lado, como informó Ámbito Financiero,
Picardi le pidió a la Caja de Valores informes sobre movimientos de personas relacionadas a las empresas Edenor, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto, Transener, entre otras.
En la misma causa, que tramita en el juzgado de
Sebastián Casanello, el fiscal también solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remita, en soporte digital, por el período diciembre 2015 a diciembre 2017: a)” un informe tendiente a determinar la evolución patrimonial y financiera respecto de Juan José Aranguren, Nicolás Martín Caputo, y Marcos Marcelo Mindlin y un informe tendiente a determinar las relaciones comerciales de todo tipo relacionadas a las firmas “Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A” (CUIT 30-61199512-8) y “Patagonia Energía S.A”.
Además
le pidió a la Oficina Anticorrupción remita copia autenticada de las declaraciones juradas (anexo público y reservado)
presentadas ante ese organismo en los años 2015, 2016 y 2017 (alta, rectificativa -si la hubiere-, anual y baja)
por Macri, el también ex CEO de Shell Aranguren, y Caputo, "amigo del alma" del ex mandatario.
Se trata de una causa en la que se investigó originalmente si el incremento tarifario implicó un fraude al Estado o bien supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos. En el caso se denunciaron varios delitos, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, cohecho, entre otras figuras.
Como precedente, los fiscales de la PIA
Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide habían hecho una presentación denunciando un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.
El expediente luego giró sobre otros actos de gobierno vinculados al sector energético y que se traducen en beneficios para empresas del sector que pertenecen por ejemplo a
Joseph Lewis, empresario inglés amigo del Presidente de la Nación
La PIA partió de una noticia periodística titulada “Los socios y amigos del Presidente se lanzaron a la compra de las empresas de gas y electricidad” en referencia a que Lewis y Mindlin compraron Petrobrás por cientos de millones de dólares y Nicolás Caputo se convirtió en el segundo proveedor de energía a través de Central Puerto.
Así los fiscales recordaron la visita de Macri al empresario Lewis a su casa en las orillas de Lago Escondido, en Río Negro, hasta donde llegó con el helicóptero que había puesto a disposición el empresario.
