La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió este martes la opinión a la Procuración General de la Nación sobre el amparo que elevó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para limitar el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241 que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA).
La decisión de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco buscará dar final al litigio que enfrenta a las autoridades porteñas con la Casa Rosada.
Desde la Ciudad, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, insisten con rechazar la modalidad virtual. "Si hay que cerrar, lo último que se cierra es la educación. Por la suspensión de las clases presenciales en el 2020, hay chicos que no saben escribir su nombre", insistió el líder de Juntos por el Cambio ests lunes durante su intervención en el Council de las Américas.
Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a condenar la "incertidubre" que genera el mandatario porteño ante la negativa de adherir a la normativa oficial.
"El tiempo va a establecer la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno porteño en el crecimiento de casos", adviritó el funcionario en diálogo con Futurock.
De esta forma la CSJ tendrá un alegato más, esta vez de la Procuración General a cargo del fiscal interino Eduardo Casal, que deberá resolver en un plazo de 72 horas, sin embargo no será vinculante.