La cuestión en torno a la compra de vacunas viene en el foco del debate, no sólo por la situación de brote pandémico del covid-19, sino también porque en nuestro país la oposición decidió emprender una campaña mediática para descalificar al gobierno por evaluar las condiciones que la farmacéutica estadounidense impone a los países latinoamericanos para que puedan acceder a los inoculantes.
Las negociaciones con Pfizer, la primera compañía en conseguir la aprobación de la vacuna contra el coronavirus, empezaron a mediados del año pasado, pero según un informe del diario londinense The Bureau of Investigative Journalism los términos de la farmacéutica estadounidense para vender sus vacunas son más duros para los países latinoamericanos.
LAS CONDICIONES
Una de las condiciones que impone
Pfizer a sus posibles compradores es, en principio,
asumir totalmente cualquier reclamo o demanda por los posibles efectos adversos de la vacuna. Y establece que
no se hará responsable por cualquier efecto adverso que la vacuna pueda generar en los pacientes, y que
cualquier diferencia jurídica deberá resolverse en los tribunales de Nueva York, para eso
el Estado debe renunciar a la inmunidad soberana de todos sus organismos, incluso del Banco Central, en caso de que tenga una sentencia condenatoria.
A modo de ejemplo, en el contrato con
Brasil, que fue publicado recientemente, el laboratorio reconoce que no sabe cuándo va a hacer entrega de las dosis compradas anticipadamente y, que no puede ser penalizada si no cumple con plazos anunciados. Le exigió además al Estado brasilero que reconozca y concuerde con los esfuerzos del propio laboratorio para desarrollar y fabricar la vacuna, así como también que al momento de la firma del contrato
“las partes reconocen que el producto concluyó la Fase 2b/3 de ensayos clínicos y que, a pesar de los esfuerzos de Pfizer en investigación, desarrollo y fabricación, el producto puede no ser bien sucedido en virtud de desafíos o fallas técnicas, clínicas”.
Otra de las exigencias de
Pfizer, es que estos países no podrán procesar al laboratorio ni a ninguno de sus asociados por cualquier falla o efecto adverso que la vacuna pueda causar. Con respecto a los registros legales y regulaciones, Pfizer fija que no permite ningún tipo de evaluación del producto por parte de las autoridades locales.
