El interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Anibal Fernández, rechazó este jueves la declaración de "inconstitucional" a la que arribó el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU) 241.
"Lo de Casal es oprobioso. Acaba de sepultar cien años de literatura constitucional. Someter a un escrutinio estricto de razonabilidad una medida limitativa de un derecho, en el contexto de una pandemia y que tiene 15 días de duración, es una lesión flagrante a la división de poderes", advirtió el exjefe de Gabinete y referente del Frente de Todos.
El magistrado, señalado como uno de los hombres fuertes de la mesa judicial que funcionó durante la era Cambiemos, consideró que la normativa dictada por la Casa Rosada para hacer frente a la segunda ola de contagios "no fue adecuadamente fundada".
"Los argumentos del DNU no fueron adecuadamente fundadas puesto que, sin desconocer la situación epidemiológica por la que se atraviesa, tienen por objeto restringir el derecho fundamental a la educación que la actora debe garantizar en atención a las normas vigentes que así lo disponen", detalla la resolución del procurador interino.
Para Fernández esta postura se condice con las dictaminadas en ocasiones anteriores en relación a la pandemia: "Tengamos presente la batería de resoluciones que emitió Casal donde dispuso medidas de aislamiento, para evitar la propagación de la COVID"
"¿Acaso sus resoluciones tienen mayor fundamento jurídico? ¿Quien es Casal para decidir sobre la oportunidad de una medida de política sanitaria? ¿Por qué no se pone a administrar la pandemia a partir de mañana?", concluyó el exfuncionario el exministro de Justicia.
