17.06.2021 / Judiciales
Sin más opciones, Casal inició una investigación a un fiscal que trabajaba desde Estados Unidos y protegía a Stornelli
Todo se evidenció cuando se encendieron las alertas de protección de datos del Ministerio Público Fiscal por una conexión remota desde el extranjero. Esto expuso al fiscal en lo criminal y correcional, Marcelo Retes, quien estaba trabajando desde USA lo que despertó sospechas sobre otros casos que estén actuando de la misma forma.
Al procurador general interino Eduardo Casal no le quedó más opción que abrir un expediente contra el fiscal en lo criminal y correcional, Marcelo Retes, quien trabajó más de un mes desde Estados Unidos violando las normativas del Ministerio Público Fiscal.
Retes arguentó ante Página12 que viajó por un asunto familiar a la casa de su hermana y que pensó que podía hacer teletrabajo porque “mucha gente del Poder Poder Judicial y desde los Ministerios Públicos están trabajando desde sus casas de fin de semana más allá de la distancia de 30 kilómetros”, que es la que los obliga a pedir autorización, algo que Retes no pidió del mismo modo que no tramitó una licencia.
El comentario puso en alerta al ya cuestionado procurador interino, Eduardo Casal, y desató una ola de paranoia entre integrantes del Ministerio Público. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), que llevó el tema esta semana a la Comisión Bicameral de Ministerio Público, dijo que sospechan de otros casos.
Retes envió una carta con su descargo a la fiscalía ante la Cámara del Crimen, que ocupa Ricardo Saénz, que es a quien debió haberle pedido las vacaciones que no solicitó, según apuntan desde la Procuración. Esa nota llegó a la oficina de Casal el martes y se armó un expediente disciplinario, que tiene carácter reservado. La mecánica es la misma de siempre: desde la Procuración requerirán una serie de medidas previas, luego le pedirán explicaciones a Retes --que, con su descargo, parece haberse ya anticipado-- y le darán vista al consejo evaluador para que defina cómo puede seguir el expediente.
La intención es que la onda expansiva del escándalo del fiscal con despacho en Arkansas no llegue hasta el propio escritorio de Casal, ya que es conocida la confianza que el procurador interino le tiene a Retes, a quien le encomendó --nada más y nada menos-- que instruir el sumario sobre la resistencia de Carlos Stornelli a presentarse a indagatoria en la causa de espionaje de Dolores, que terminó después de nueve meses en un simple apercibimiento.
Desde la Procuración excusaron ante las consultas de Página 12 de que no estaban al tanto de que Retes estaba trabajando desde el exterior. Funcionarios de confianza de Casal dicen desconocer que haya otro caso similar, como denunció Tailhade, pero deslizan que hay que atenerse a los reglamentos, algo que el mismo Retes reconoce que incumplió.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate, está detrás del tema. “Estamos frente a un caso que, de confirmarse, configura una falta grave por parte del magistrado”, remarcaron en una notificación enviada este miércoles desde la Bicameral a Casal y recordaron que el fiscal Retes, al haberse ido sin pedir licencia, habría infringido el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (27.148), que considera una falta grave el abandono de trabajo en forma prolongada sin autorización.
Desde la Bicameral, habían relacionado el hecho de que el fiscal trabajara desde Estados Unidos con el colapso informático que sufrió la Procuración el 3 de junio pasado, un día antes de su regreso al país. Tanto Retes como funcionarios del Ministerio Público niegan la vinculación con el episodio que dejó un día sin internet a las fiscalías, pero diputados y senadores quieren mayores precisiones.
La Bicameral, en otra misiva, le consultó a Casal si la Procuración podría haber estado frente a un ataque informático que pusiera en riesgo las causas o si se trató de una falla interna del propio sistema. También preguntaron si la Procuración tiene acceso a otras bases de datos del Estado, como la de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
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