La ampliación de la denuncia por contrabando agravado de armamento bélico a Bolivia por parte del Gobierno de Mauricio Macri suma más elementos en la causa que tramita el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart.
Ahora se sumó un manifiesto de vuelo de Hércules C-130 en el que viajaron los gendarmes junto al material de guerra.
Según consignó Página 12, ese documento
no incluye las 70 mil balas de goma y mucho menos los 100 spray de Gas lacrimógeno y casi 600 granadas de gas que se distribuyó --según informó la justicia de Bolivia-- entre la policía y la Fuerza Aérea de ese país. Tal como había denunciado el gobierno boliviano allí se ve el rol del oficial de Gendarmería identificado a la hora de coordinar la entrega del armamento a los golpistas.
Tanto el juez López Biscayart como el fiscal Claudio Navas Rial recibieron de manera presencial la ampliación de la denuncia,
un escrito de 23 fojas que incluye quince documentos oficiales que, para los ministros denunciantes, comprueban el delito de contrabando. En ese mismo acto, el juez incorporó como querellante a la Dirección General de Aduanas.
Para el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont,
el hallazgo de parte del armamento argentino en depósitos de la policía boliviana "confirma que las autoridades argentinas falsearon los permisos y las declaraciones juradas aduaneras y administrativas" porque resultó falaz la finalidad de la misión encomendada a los efectivos del grupo Alacrán, que era brindarle "seguridad y protección" al embajador argentino y la embajada.
En ese sentido señalan que la máxima autoridad estatal de entonces,
Mauricio Macri junto a sus ministros, configuraron "una maniobra engañosa y premeditada" para ocultar el envío de armamentos que tenían como verdadero objetivo "enviar parte de ese material a las Fuerzas Armadas bolivianas, en el marco de un golpe de estado llevado a cabo por esas mismas fuerzas".
El manifiesto es del 12 de noviembre de 2019, el día que partieron los integrantes del grupo Alacrán.
Ese mismo día, comandante mayor Fabián Manuel Salas, jefe de dicha agrupación, envió un fax a la Fuerza Aérea donde afirma que sus subordinados trasladarán, además de lo ya declarado, 70 mil cartuchos, los spray de gas lacrimógeno más 61 granadas de mano gas de hostigamiento; 160 granadas de mano; y 360 granadas de mano.
El dato paródijo y que resaltan los denunciantes es que Salas afirma que esta cantidad de material extra que llevan "son los utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración al orden público”. Pese al aviso de Salas, en el manifiesto de vuelo no aparece mencionado ese armamento.
Entonces es posible pensar que hubo intención de ocultarlo y si la justicia argentina prueba que el material bélico es el que se halló en Bolivia, el delito de contrabando estaría básicamente probado.
Allí es donde entra el rol de Aduanas, que a través de su titular Silvia Traverso, se constituyó como querellante en la causa. S
egún informaron se constató que cargaron un arsenal de municiones “extra” que no tenían como destino la protección de la Embajada argentina, sino que terminaron en manos de la Fuerza Aérea y de la Policía boliviana. Con la revisión aduanera del material que se subía al avión y donde se detalla “a mano” que 61 granadas de Gas CN, 160 granadas de Gas CS y 360 granadas de Gas HC
figuran con una “X” con la referencia “No embarcado”.
Esta factura documental firmada por el verificador Cesar Martínez resulta clave por dos motivos:
el primero es que todo lo que figura como no embarcado, efectivamente fue trasladado en el vuelo que partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.20 ya que apareció entre los pertrechos hallados en un depósito de la policía boliviana;
y el segundo es que lo que figura “salvado” a mano era todo lo que la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC) no había autorizado para su salida del país.
Por otra parte,
la demanda incorporó un documento que muestra que el vuelo “fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa ‘de forma verbal’ al por entonces Jefe de Estado Mayor General de la FAA”. Para los denunciantes esto representa la prueba de la participación del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
También
en la ampliación de la denuncia aparece la figura del comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, quien según consta en la demanda fue el responsable del retiro de la carga del Hércules. Cuatro días después, el 17 de noviembre Caliba le informa al entonces jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, que había participado de una reunión convocada "por la nueva conducción de la Policía Boliviana", esto es, la fuerza de seguridad que respondía a la golpista Jeanine Áñez.
En esa nota, Caliba sostiene que "
conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.
Para los denunciantes esto representa "la primera documentación oficial" de la intención de la policía de Bolivia de obtener material represivo pero, sobre todo, "el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas".
